Promesas incumplidas

Ciudadano defraudado| Montevideo
@| Durante la campaña electoral de 2024, el entonces candidato Yamandú Orsi asumió públicamente el compromiso de no aumentar los impuestos. Una promesa que, naturalmente, generó expectativas entre los ciudadanos, especialmente en un país donde el peso de los tributos sobre los ingresos y el consumo constituye una preocupación permanente.

Sin embargo, una vez instalado el nuevo gobierno, el Presupuesto Nacional 2025-2029 incorporó modificaciones tributarias que amplían la carga fiscal sobre determinados sectores.

Entre ellas se destacan la aplicación del IVA a numerosas compras por Internet en el exterior, la ampliación del IRPF a determinadas rentas y ganancias de capital obtenidas fuera del país y la creación de un impuesto mínimo complementario para determinados grupos multinacionales, entre otras. Hubo cambios también en aspectos que influyen en el cálculo del Fonasa y otros.

Es cierto que no se aumentaron las tasas generales de impuestos como el IVA, el IRPF o el IASS. Pero también es cierto que ampliar las actividades y situaciones gravadas significa, en los hechos, aumentar la carga tributaria de quienes quedan comprendidos en las nuevas disposiciones.

La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta qué punto estas medidas son compatibles con el compromiso electoral de no aumentar los impuestos?

No se trata de desconocer las necesidades financieras del Estado ni de negar la importancia de combatir la evasión o adaptar el sistema tributario a nuevas realidades internacionales. Se trata, sencillamente, de exigir coherencia entre lo que se promete durante una campaña electoral y lo que se hace desde el gobierno.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto más recauda el Estado como consecuencia de estas modificaciones, quiénes soportan ese costo y qué beneficios concretos recibe la sociedad a cambio.

Porque la responsabilidad fiscal no consiste solamente en recaudar. También implica administrar adecuadamente los recursos públicos y cumplir con la palabra empeñada ante la ciudadanía.

Las promesas electorales no deberían ser simples argumentos para conquistar votos. Deberían constituir compromisos que los gobernantes estén dispuestos a honrar.