Políticas ambientales...

María Victoria Pereira Flores | Montevideo
@|A raíz de las excepciones departamentales costeras:

Nuestros gobernantes nos representan, han sido elegidos mediante un sistema democrático para desempeñar sus respectivos roles por un período de gobierno y con una gran premisa: salvaguardar y procurar siempre el interés general. Esa representación no es absoluta, sino que debe estar basada en las reglas de un Estado de Derecho, y bajo normas claras a ser respetadas. Por ello, las decisiones no pueden pasar sólo por el arbitrio de nuestros gobernantes, sino estar sujetas a un ordenamiento jurídico-administrativo.

Sin perjuicio de ello, con preocupación y tristeza observo que en algunos aspectos ambientales nuestros gobernantes se están viendo “seducidos” ante determinados proyectos e inversiones que están poniendo en riesgo nuestro ordenamiento jurídico, nuestro característico territorio, e incluso nuestra coherencia como Nación frente a compromisos que hemos adquirido a nivel internacional (como por ej. al retomar la búsqueda de petróleo en nuestro mar, pese a la cantidad de Convenciones Internacionales que hemos asumido para menguar las causas del calentamiento global).

Sin lugar a dudas, al estar situándonos económica y políticamente como una “maravillosa perla” dentro del continente Latinoamericano, atraemos todo tipo de inversiones, por lo que como país deberíamos procurar tener una estrategia de crecimiento a largo plazo en relación a lo que deseamos encauzarnos a nivel territorio (biodiversidad mediante) y paisaje (y en este ítem por ej. quedaría comprendido el proyecto de los edificios en Punta Ballena), y no estar a la mera deriva de las inversiones del mercado, o “confundirnos” con intereses cortoplacistas o visiones de políticos de turno poniendo en riesgo lo más valioso que tenemos a nivel tangible.

Hoy, concretamente, me motiva escribir esta carta las “excepciones” de las Juntas Departamentales en el ordenamiento territorial costero; excepciones que están poniendo en real peligro nuestro patrimonio natural y cultural, y en ciertos aspectos nuestra propia identidad. Como las ocurridas en los últimos meses en los departamentos de Rocha y Maldonado con excepciones que dejan a un costado el ordenamiento territorial vigente.

Desde el Derecho Ambiental (el cual “sostiene” a la normativa de ordenamiento territorial) la Doctrina es unánime en reconocer el “principio de no regresión”; por lo que aceptar excepciones y establecer normas desfavorables se estaría quebrantando. El “ir hacia atrás” en políticas y normas ambientales en cierta forma es ir en contraposición al orden público.

Por eso, promuevo y suscito a cada ciudadano (que en definitiva es un potencial votante), para que demande a nuestros gobernantes una correcta política ambiental, y con ello exija acciones afines, dado que parecería que quienes toman ciertas decisiones políticas a veces padecen amnesia en lo que a políticas ambientales se requiere, que es ir siempre hacia adelante.