José Pedro Traibel Oribe | Montevideo
@|Un camino inconducente.
Uruguay convive desde hace décadas con una brecha estructural entre el sector público y el sector privado. Mientras que en el ámbito privado la actividad suele mantenerse relativamente constante durante los 365 días del año (porque de ello depende la continuidad para sostener su productividad, sus ingresos y su competitividad) en el sector público se produce un letargo año tras año, una desaceleración muy notoria entre diciembre y mediados de abril. Mientras uno vive bajo una presión constante —competir, producir, innovar y sostener ingresos en un mercado exigente— el sector público opera con una lógica muy distinta: sin competencia real, sin riesgo económico directo y sin incentivos que premien la eficiencia. Opino que esta diferencia no solo marca el presente, sino que condiciona profundamente el futuro del país.
Cada año, desde diciembre hasta buena parte de abril, Uruguay entra en un letargo institucional: feria judicial, receso parlamentario, vacaciones en la enseñanza, horarios de verano en oficinas públicas y atención al público reducida y trámites retrasados por licencia del personal. Es un parate estatal generalizado que enlentece y/o paraliza trámites, decisiones, proyectos y servicios esenciales hasta que llegue el último ciclista (encima lo repetimos o reímos como algo tradicional y aceptado). Mientras tanto, el sector privado que depende de alguna forma del Estado debe seguir funcionando como puede, en un entorno donde la mitad de los engranajes del Estado están aletargados.
A esta desaceleración se suma un problema aún más profundo, la desigualdad laboral entre el sector público y el privado. Licencias médicas con criterios distintos, feriados que aplican para unos y no para otros, horarios reducidos, regímenes especiales y prácticas heredadas de otra época generan un sistema donde dos trabajadores uruguayos —que sostienen la misma economía y pagan los mismos impuestos — tienen obligaciones y derechos completamente distintos. Esta disparidad no solo es ineficiente; es injusta y contraria a cualquier noción moderna de igualdad laboral y justicia social.
Pero el problema no empieza en el mercado de trabajo. Empieza mucho antes. Empieza en la educación formal desde la primaria hasta la terciaria.
Desde los primeros años de escuela hasta la universidad, los uruguayos crecemos dentro de un calendario que naturaliza un receso de casi cuatro meses. Años y años de ciclos lectivos que se detienen por períodos larguísimos generan una sub cultura donde la discontinuidad se vuelve parte de la identidad formativa; un país donde se aprende desde niño que entre diciembre y abril todo se suspende, se enfría o queda en pausa. ¿Cómo aspirar a un mercado laboral dinámico, estable y moderno si la base del sistema —la educación— enseña justamente lo contrario?
La formación laboral no empieza a los 18 años: empieza en los primeros años. Si la matriz educativa reproduce pausas prolongadas, ritmos fragmentados y una desconexión con la actividad real del país, es lógico que la cultura laboral adulta herede esas mismas prácticas. No podemos pedirle a los futuros trabajadores que tengan continuidad, disciplina y ritmo si pasaron toda su vida formativa en un entorno que funciona por temporadas.
Por eso, si queremos transformar al Uruguay del futuro, debemos comenzar por la educación. Acortar los recesos, ampliar el calendario lectivo, acercar la dinámica educativa al funcionamiento contemporáneo del mundo y romper con la idea de que el país entra en pausa durante un tercio del año. Reformar el Estado sin reformar el sistema educativo es como pretender modificar las ramas sin tocar la raíz del árbol.
Más grave aún es que quienes deciden —políticos, ministros, autoridades, jerarcas— forman parte del mismo sistema que se beneficia del statu quo, o sea que es muy difícil esperar cambios profundos. Pero el país ya no puede permitirse este lujo. La desigualdad laboral entre lo público y lo privado, nos atrasa en productividad, competitividad e igualdad.
¿Cómo es posible que el empleado privado tenga 5 feriados al año y el público goce de 13 adicionales más los 52 sábados? Unos 70 días libres al año mientras el privado tiene 5!!!
Por si fuera poco, la Oficina Nacional del Servicio Civil encargada de asesorar al Presidente sobre “Eficiencia en la Gestión Pública” acaba de modificar “su” horario de trabajo a 6 horas y 1/2 pero manteniendo sus sueldos ¿de 8 horas? En casa de herrero… cuchillos de palo?
Uruguay debe dejar atrás el “letargo de verano” del Estado y avanzar hacia un modelo donde la actividad sea continua y sin diferencias entre público y privado, la educación sea coherente con el mundo real y los derechos laborales sean iguales para todos. El descanso es necesario; la paralización del país, no.
Para finalizar opino que la desigualdad y el letargo del sector público que duerme durante casi cuatro meses y un sector privado que sostiene el movimiento no es justicia social, es una distorsión estructural que debilita nuestra productividad, nuestra competitividad y nuestra equidad.
Si aspiramos a un Uruguay dinámico, justo y preparado para el futuro, es hora de cambiar desde la raíz, desde las aulas. Porque un país que forma generaciones para el letargo veraniego no puede esperar adultos preparados para el movimiento continuo y la dinámica con que gira el mundo.