Secretaría de Litigio Estratégico

Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo
@|Recientemente, se aprobó la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, como organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene como cometido fundamental la defensa de nuestro país en los juicios internacionales y en los procedimientos de arbitraje, principalmente, derivados de los acuerdos de protección de inversiones con Estados extranjeros.

Al respecto se ha expedido Nicolás E. Bianchi, en una columna publicada el 14 del corriente, titulada “Nueva Secretaría de Litigio Estratégico; una oportunidad histórica para Uruguay”. Bianchi es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en esta temática y en Derecho Internacional. En su excelente análisis expresa: “En este marco, la nueva Secretaría de Litigio estratégico representa una oportunidad histórica para pasar de una lógica reactiva y fragmentada a una política de defensa internacional holística y coordinada”. Coincido con esa afirmación pero condicionada a cómo y quiénes integren esa secretaría.

Cuando hace 20 años el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez se vio enfrentado a la demanda de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la planta de pasta de celulosa Botnia, seleccionó un equipo que tuve el honor de integrar, con juristas reconocidos por su especialización y trayectoria al margen de lo que pudiera ser amiguismo o clientelismo político, entre los que recuerdo a Roberto Puceiro, Alberto Pérez Pérez, Felipe Paolillo, Gonzalo Fernández y Héctor Gros Espiell, como coordinador.

En una de las primeras reuniones de este grupo, en Cancillería, donde analizábamos la estrategia a seguir, se nos planteó la falta de experiencia de todos los que estábamos presentes en litigar ante la Corte Internacional de Justicia. Eduardo Jiménez de Aréchaga, el más importante internacionalista de América del siglo XX, había fallecido unos años antes y teníamos una falencia que debíamos llenar. En esas circunstancias, se nos anunció que un abogado estadounidense, recomendado por el Embajador uruguayo en Washington, deseaba hablar con nosotros. Por mi experiencia como negociador del Estatuto del Río Uruguay y mis años en la CARU, mis colegas me pidieron que yo lo entrevistara.

Así lo hice y cuando le dirigí la palabra en inglés, me contestó en español fluido, luego me relató brevemente su c.v., que era importante en litigios ante la Corte, incluso había defendido a Nicaragua en el caso de Irán- contras; pero la sorpresa mayor que recibí de este jurista, que se llama Paul Reichler, fue su vasto conocimiento del Estatuto del Río Uruguay.

Obviamente, lo recomendé para integrar nuestro equipo, lo que fue aceptado y creo que no me equivoqué porque fue protagonista fundamental en el éxito que tuvo nuestro país en este caso y luego en arbitrajes ante el CIADI. Pienso que sería un grave error prescindir de este eximio jurista el no incluirlo en la Secretaría de Litigio Estratégico.

Nuestro país ha celebrado 33 Acuerdos de Protección de Inversiones que, con la participación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) l, habilitan a muchas empresas transnacionales a someter sus diferencias, por esa vía, contra el Estado uruguayo, sin descartar diferencias que pudieran surgir por tratados internacionales vigentes que debieran dilucidarse ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por lo que reitero mi posición favorable a la creación de esa Secretaría siempre que esté integrada exclusivamente por especialistas de prestigio sin discriminación de clase alguna, como lo hizo el Presidente Tabaré Vázquez hace 20 años.