No va por ahí

Ciudadano objetivo | Montevideo
@|Lo que un ciudadano responsable aprecia permanente y continuamente de los sindicatos de funcionarios públicos es su determinación para mantener privilegios, reclamar menos exigencia laboral, pedir más funcionarios, pretender mantener en el ámbito público actividades no esenciales y muchas veces con impactos económicos negativos para el erario del Estado.

Aplican medidas indiscriminadas de paralización de los servicios, incluyendo los esenciales como puertos, aeropuertos y similares, y genera dificultades en el caso de gestiones en instituciones bancarias y otras afines.

Nunca se les escucha hacer planteos incentivando a sus afiliados a mejorar el desempeño diario personal y de la Administración Pública en general. La mejora de la productividad y de la calidad de los servicios ofrecidos no es preocupación. No se manifiesta compromiso por contemplar los intereses legítimos de la ciudadanía.

Pretenden tener “voz y voto” en todos los temas de las organizaciones, que en realidad corresponden a las direcciones designadas y a los jerarcas de línea respectivos. Cuando lo hacen, siempre están pensando en ellos y sus exigencias.

A todos nos habrá pasado escuchar anécdotas de personas que pasaron de la actividad privada a la pública y quisieron mantener ritmos de trabajo similares a los que estaban acostumbrados, recibiendo “recomendaciones” de sus nuevos compañeros de labor “recordándoles” que ahora estaban en funciones en el Estado y que las cosas se hacían diferente a lo que ocurría en empresas u otras organizaciones de la sociedad.

Considero que no se justifica la norma de la inamovilidad y que debería existir una evaluación de desempeño anual objetiva y exigente.

Los sindicatos en cuestión no quieren comprender que “los dueños” de las empresas son los ciudadanos y que a ellos se deben en la realización de sus tareas y en la concreción de los correspondientes resultados.

En resumen, lo que deberían hacer es promover el trabajo responsable, eficiente y productivo de sus integrantes; garantizar la consideración permanente de los ciudadanos y de la sociedad, destinatarios de los servicios; actuar con sensatez y razonabilidad en la forma de hacer los planteos estrictamente laborales.