Gonzalo Downey | Montevideo
@|En estos días, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha emitido un lapidario informe sobre la situación en Nicaragua, acreditando -una vez más- que el gobierno de Daniel Ortega “sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad”.
Mientras ello ocurría, la dictadura cubana solicitaba ante el mismo organismo “alimentos en forma urgente” para paliar un poco la grave crisis alimentaria con la que subyuga a su población y, paralelamente, ante el secuestro y posterior asesinato de un ex militar venezolano refugiado en Chile (en lo que todo parece indicar fue una operación de inteligencia militar llevada a cabo por fuerzas venezolanas en el corazón de la capital chilena) el número dos del régimen dictatorial de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció sin pudor que ellos se sienten “autorizados a hacer cualquier cosa” en territorio chileno.
Como si todo lo anterior fuera suficiente para una sola semana de nuestras vidas, la Canciller argentina Diana Mondino denunció públicamente que agentes venezolanos y cubanos están operando en Buenos Aires para desestabilizar al gobierno de Javier Milei, porque puede que no haya recursos para alimentar a los cubanos, pero para actuar en otros países la billetera es laxa y generosa.
Pero hay más: también esta misma semana, la vicepresidenta del Parlamento Europeo denunció el régimen de semi esclavitud al que son sometidos los médicos cubanos enviados al exterior por el régimen de La Habana y que constituiría una auténtica trata de personas, mientras van creciendo las sospechas de que agentes venezolanos y cubanos habrían estado detrás de las masivas protestas en países tan distintos como Chile, Colombia y Ecuador.
Consultados algunos dirigentes de la izquierda uruguaya sobre aquella horrorosa realidad han sido particularmente enfáticos en señalar que “no se meten en asuntos internos de otros países” o que la preocupación de buena parte de la sociedad por dichos temas es parte de un intento “por desviar la atención de los temas locales”. Una candidata presidencial del frente opositor llegó incluso a recomendar al Gobierno nacional “no hacerse el gallito” (sic) respecto a la postura adoptada por Uruguay frente a la feroz persecución que sufre María Corina Machado, opositora a la dictadura de Nicolás Maduro.
Manifestar repudio por la persecución política contra una mujer por oponerse a una dictadura es “hacerse el gallito” (el feminismo de algunos, al parecer, tiene límites bastante estrechos) o expresar preocupación por los hechos que hemos relatado es “desviar la atención”. Entonces, ante el inequívoco mensaje de la izquierda de “no nos vamos a meter en temas internos de otros países” cabría preguntarse en qué departamento del Uruguay quedan Buenos Aires y la Franja de Gaza porque, mientras decían lo anterior, no solo explotaban en declaraciones contra el Gobierno de Javier Milei a propósito de su mensaje ante el Congreso argentino, sino que marchaban por la principal avenida montevideana “exigiendo” acciones al Gobierno de Israel.
El mensaje entonces es otro y es claro: no son las dictaduras las que molestan, sino que esas dictaduras no sean de izquierda; y no son los Derechos Humanos la preocupación, sino quién determina qué derechos se aplican y a qué humanos, porque cuando la víctima es una adversaria pedir Justicia es “hacerse el gallito”. En definitiva, el tema no es “no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países”, sino simplemente no incomodar a las satrapías y dictaduras si la espada que levantan es amiga y las víctimas adversarias o pertenecen a una religión que no es del agrado de nuestra ideología.
Decía Séneca que “nadie puede llevar mucho tiempo una máscara. Lo que se finge recupera rápidamente su naturaleza” y, al parecer, eso es exactamente lo que ha ocurrido con nuestra izquierda local: se le han caído las máscaras.