Los Hamptons sin luz

Mercedes Van Rompaey | Maldonado
@|A José Ignacio se lo suele llamar —con una sonrisa complaciente— los Hamptons de Sudamérica. El apodo vende bien: playas perfectas, gastronomía curada, casas de revista y un aura de exclusividad que hace juego con los atardeceres. El problema es que, cuando cae la noche, ese espejismo se apaga. Literalmente.

La otra cara del marketing es menos glamorosa: cortes de energía eléctrica recurrentes, algunos de varias horas, y problemas de saneamiento que, en plena temporada alta, convierten el aire en un recordatorio fétido de que la infraestructura no acompaña al relato. Un paraíso que, en verano, huele a colapso.

Mientras tanto, las autoridades —nacionales y departamentales— parecen practicar una coreografía ya conocida: oídos sordos, ojos ciegos y agenda distraída. Gobierno tras gobierno, el diagnóstico se posterga y la solución se difiere. Sin embargo, hay una constante que no falla: la recaudación.

La Intendencia de Maldonado no ha tenido reparos en engrosar sus arcas con contribuciones inmobiliarias cada vez más jugosas, aun cuando los servicios básicos no resisten la presión estacional. Y por si quedaba alguna duda sobre las prioridades, este año llegó la noticia sin anestesia: un aumento del 33% en la contribución inmobiliaria, en un país con inflación cercana al 4%. El desfasaje no es técnico; es ético.

La pregunta es simple y, por eso mismo, incómoda: ¿qué se está pagando exactamente?

Porque no es estabilidad eléctrica. No es saneamiento confiable. No es planificación a largo plazo. Es, en el mejor de los casos, una promesa diferida; en el peor, un peaje por sostener la postal.

Rendición de cuentas: el eslabón ausente.

Pero quizá el problema más profundo no sea —o no solo— la falta de infraestructura. El verdadero agravio es la ausencia de rendición de cuentas. La sensación, compartida por residentes permanentes y temporales, de que nadie explica, nadie responde y nadie asume responsabilidades.

Porque rendir cuentas no es únicamente presentar números en un balance técnico ni anunciar obras futuras en conferencias de prensa prolijas. Rendir cuentas es reconocer fallas, explicar prioridades, justificar decisiones y, sobre todo, tratar a la ciudadanía como adulta. Es entender que pagar impuestos no convierte al contribuyente en un actor pasivo, sino en un socio forzoso del Estado, con derecho a preguntar qué se hace con su dinero y por qué.

En José Ignacio, esa lógica parece suspenderse cada verano. Los cortes de energía se naturalizan. Los problemas de saneamiento se relativizan. El malestar se diluye en frases vagas y promesas sin fecha. Y el aumento impositivo llega como un hecho consumado, sin explicación proporcional al esfuerzo exigido.

Lo que se percibe no es solo desidia: es impunidad administrativa. La idea de que las decisiones se toman lejos, sin diálogo, sin escucha y sin consecuencia política. Una forma de gestión que no incomoda al poder, pero sí erosiona el contrato ciudadano.

Resulta particularmente paradójico en un país como Uruguay, reconocido internacionalmente como una de las pocas democracias plenas del mundo. Una democracia que no debería medirse solo por la limpieza de sus elecciones, sino también por la calidad cotidiana del vínculo entre las instituciones públicas y la ciudadanía.

Cuando un gobierno departamental incrementa la carga impositiva muy por encima de la inflación, en un contexto de servicios deficientes y problemas estructurales conocidos, la obligación de explicar no es opcional. Es un deber democrático básico. No hacerlo no es solo una omisión técnica; es una falta de respeto cívico.

Los vecinos y contribuyentes —residentes permanentes y temporarios— no piden lujo. Piden lo básico: luz que no se corte, saneamiento que no colapse, gestión que anticipe. Piden que el éxito turístico no sea una excusa para el abandono, ni el valor inmobiliario un impuesto al silencio.

Si José Ignacio aspira a ser comparado con los Hamptons, convendría recordar un detalle menor: la infraestructura también importa. El encanto no reemplaza a los cables, ni la gastronomía tapa las cañerías. Y la épica del “destino premium” no ilumina una casa a oscuras.

Tal vez sea hora de invertir la narrativa. Menos slogans, más obras. Menos marketing, más mantenimiento. Menos subas desproporcionadas, más rendición de cuentas. Porque un paraíso que se apaga cada verano deja de ser promesa y pasa a ser advertencia.

Y porque, al final del día, los Hamptons sin luz —y sin explicaciones— no son Hamptons. Son apenas un decorado caro, sostenido por contribuyentes pacientes… y cada vez más cansados.