La trampa de legislar la desigualdad

José Pedro Traibel Oribe | Montevideo
@|En el debate público se ha instalado con fuerza la idea de las “cuotas”, basada en un error de origen: creer que la igualdad es un estado natural alcanzable y que corresponde al Estado imponerla mediante leyes que protejan o promuevan determinados sectores. A mi entender, la igualdad entre las personas solo existe ante la ley; intentar forzarla en otros planos suele derivar en injusticias. Los seres humanos somos distintos en talentos, contextos, aspiraciones y decisiones.

La Constitución uruguaya lo expresa con claridad: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Cada individuo, según sus capacidades y decisiones, puede ser artífice de su destino. Esto no implica negar dificultades reales, sino reconocer que el esfuerzo, la voluntad y la disciplina siguen siendo motores centrales de superación.

Sin embargo, en nombre de corregir desigualdades, se multiplican políticas que colocan la pertenencia por encima del mérito. Cuotas, beneficios segmentados y normas diferenciales buscan equilibrar la balanza, pero muchas veces la inclinan en sentido contrario. Lo que se presenta como justicia social puede transformarse en una nueva desigualdad: relegar a personas capaces por no integrar el grupo favorecido.

El principal efecto de estas políticas es debilitar el mérito como criterio rector en la búsqueda de eficiencia. La persona deja de ser valorada por lo que hace o puede hacer y pasa a ser definida por la categoría a la que pertenece. Cuando eso ocurre, las decisiones pierden calidad y se resiente el rendimiento de instituciones públicas y privadas.

Existe además un efecto menos visible: cambian los incentivos individuales. Si el progreso puede obtenerse por protección y no por esfuerzo, se erosiona la cultura del trabajo y de la superación personal. En lugar de promover individuos que busquen destacarse por capacidad y desempeño, se corre el riesgo de fomentar el conformismo o la dependencia de beneficios sectoriales. Incluso aparecen quienes procuran encuadrarse artificialmente en ciertos grupos para acceder a ventajas.

Sistemas que no premian consistentemente el desempeño suelen generar peores resultados, menos innovación y menor competitividad. Finalmente, el perjuicio alcanza a toda la sociedad, incluso a quienes se pretendía beneficiar.

Frente a esto, la verdadera herramienta para reducir desigualdades no es la ingeniería legal, sino la formación integral de las personas. La educación —familiar, social, cultural y académica— es el camino sostenible para ampliar oportunidades sin sacrificar el mérito. Allí se construyen valores como la responsabilidad, la perseverancia y el respeto por el esfuerzo propio y ajeno.

Defender el mérito no significa negar obstáculos ni ignorar diferencias. Significa afirmar que la mejor manera de enfrentarlos no es bajar la vara, sino elevar a las personas.

Cuando el Estado deja de ser árbitro y se convierte en distribuidor de privilegios sectoriales, no nace una sociedad más justa, sino una sociedad fragmentada. Las leyes que crean y protegen grupos consolidan corporativismos que dividen y enfrentan intereses. Cada sector pasa a defender su cuota, su excepción y su beneficio en detrimento del conjunto.

Una sociedad sólida no puede sostenerse sobre la pugna permanente entre grupos, sino sobre la convicción de que el estudio, la perseverancia y el esfuerzo personal mejoran el mérito y elevan la eficiencia colectiva.

El verdadero desafío no es multiplicar cuotas ni privilegios, sino unir a la sociedad detrás de una idea simple: estudio, esfuerzo y eficiencia son las bases más firmes del bienestar general.