Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo
@|Soy un anciano con hijos, nietos y una bisnieta preciosa, quiero muchísimo a mi país al que he servido, con honor, durante los 40 años en que me desempeñé como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ello considero un deber prioritario el de preservar el medio ambiente, en legarle a las nuevas generaciones un país con la menor contaminación posible cumpliendo con lo establecido en el art. 47 de nuestra Constitución.
Por ello he bregado y tuve el privilegio de hacerlo, acompañado con el Embajador Carlos Orlando, denunciando, desde hace 6 años, el riesgo de impacto ambiental que implican los emisores de aguas cloacales e industriales de Buenos Aires que van a arrojar al Río de la Plata más de 5 millones de metros cúbicos de esos líquidos por día, porque, nuestro país no puede estar al sólo informe de la empresa argentina AYSA, en esta materia, y que se debe recurrir a una consultora independiente para que determine si las críticas a los sistemas de pretratamiento de esas aguas son eficientes o no.
El gobierno anterior hizo caso omiso a nuestro planteo, por lo que, cuando asumió el extinto Ministro de Ambiente Lic. Adrián Peña, fuimos recibidos por él mismo y le expusimos nuestra posición y las razones científicas en que se funda y le formulamos el pedido de proceder a contratar un estudio de consultoría independiente. Luego, cuando asumió el actual Ministro de Ambiente Contador Roberto Bouvier, comparecí a su despacho y efectué el mismo planteamiento.
Nunca recibimos una respuesta o un comentario público de porqué no cumplían con el principio precautorio… Y creo que esa actitud omisa puede encuadrar en la Epístola Universal del Apóstol Santiago (cap.4 versículo 17), cuando afirma que “el que sabe hacer lo correcto y no lo hace incurre en pecado” y el aforismo romano que expresa “Idem est non facere et facere non legitime”, es decir, tanto vale no obrar como obrar ilegítimamente.
Se trata de la culpa por omisión en que estaría incurriendo el gobierno de mi país, por no observar lo dispuesto en la Constitución de la República y el principio precautorio. Al respecto, cabe destacar que el proyecto de ley sobre delitos ambientales, aprobado por el Senado, acertadamente, establece que pueden incurrir en responsabilidad penal los funcionarios omisos en no adoptar las medidas correspondientes.
Por ende, procedí a formular el reclamo al Banco Mundial del que recibí rápida respuesta en la que acusaron recibo del mismo, que quedaba registrado con el N° FY24 - GRS -2626 sobre el proyecto (P105680) relativo a las cuencas de los ríos Matanza y Riachuelo. En su nota, el Banco Mundial expresó que se estaban analizando las cuestiones planteadas en el reclamo y que me iban a notificar los resultados de esos estudios lo antes posible.
En síntesis: por parte de mi gobierno, el silencio omiso. Por parte del Banco Mundial, la respuesta correcta y diligente.