La Jutep

José Pedro Traibel Oribe | Montevideo
@|¿Danza al ritmo de la música que le toquen?

“Lo político por encima de lo jurídico”, es la consecuencia de “el fin justifica los medios”.

En una democracia, la ley es el límite del poder. Es lo que garantiza que el gobierno no actúe arbitrariamente, incluso si tiene mayoría parlamentaria o apoyo popular. Romper con eso —o relativizarlo— erosiona el Estado de derecho, incluso si se hace en nombre de un “fin mayor” o de la gobernabilidad.

Desde un punto de vista institucional, es peligroso y regresivo. Si lo político puede pasar por encima de lo legal, entonces todo depende de quién gobierne y con qué intenciones, y eso debilita la previsibilidad, la justicia y la confianza ciudadana. Hoy puede parecer un acto pragmático o funcional. Mañana puede convertirse en abuso.

Además, abre la puerta a una lógica de “razones de Estado” que históricamente ha justificado violaciones a derechos, corrupción o acomodos de poder. Lo legal no debería ser un obstáculo para la política; debería ser lo que pone límites a su marco ético y constitucional.

En Uruguay, durante décadas, nos enorgullecimos de tener una democracia estable, con instituciones sólidas y un respeto generalizado por la legalidad y los contratos. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha crecido una peligrosa tendencia en el discurso político: la idea de que la lógica política —la conveniencia, la oportunidad, la estrategia— puede estar por encima de la norma jurídica. La idea de que “el fin justifica los medios”.

Cuando cualquier autoridad pública, más aún el organismo que debe marcar la legalidad y la transparencia del accionar de nuestros gobernantes (Jutep) prioriza lo político sobre lo legal, no está ejerciendo liderazgo: está debilitando el pacto democrático. No importa si el fin es la “solidaridad o la competencia profesional del involucrado” o si el respaldo popular es alto. En democracia, la ley y la Constitución son las normas sin importar los objetivos políticos que tenga la autoridad política.

Hay casos recientes en los que decisiones del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo rozaron, ignoraron o caminaron al borde de los límites legales, y se justificaron por la necesidad de mantener acuerdos políticos, pero deberían preocuparnos. No se trata solo del acto en sí, sino del precedente que deja: si algo es políticamente rentable, lo legal se puede reinterpretar, posponer o directamente ignorar.

Este camino no solo erosiona la confianza institucional. También normaliza el poder discrecional, desdibuja la separación de poderes y deja al ciudadano común en una posición de indefensión. La ley, en un sistema republicano, es lo único que protege al débil del fuerte, al gobernado del gobernante.

Los partidos políticos deben ser claros: ni la Constitución ni la ley se negocian por conveniencia política. Gobernar no es solo tener mayorías; es actuar dentro del marco jurídico, incluso cuando eso implique pagar costos políticos.

Porque si hoy dejamos pasar una excepción “por razones políticas”, mañana será otra, y otra más. Hasta que ya no quede ni ley, ni justicia, ni límites.

Esa frase —“el fin justifica los medios”— es la raíz filosófica del desvío autoritario en muchas decisiones políticas, y cuando un poder del Estado actúa bajo esa lógica, está cruzando una línea peligrosa que no se justifica ni siquiera con buenas intenciones.

Últimamente, nuestros gobernantes y administradores del Estado -principalmente aquellos que cometen “errores” que los dejan fuera de lo legal y lo reglamentario- atribuyen su conducta a la “solidaridad o competencia“ y su actuación la justifican con el hecho de “no llevarse nada”, lo cual no hace más que confirmar lo dicho en esta carta.

Nada habilita a que “el fin justifique los medios” ni que lo “político esté por encima de lo legal”… Nunca.