La designación de la Fiscal de Corte

Gral. (R) Cr. Guillermo Ramírez | Montevideo
@|Cada vez con mayor frecuencia se publica información sobre la necesidad de la designación de su titular, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución.

Esto es, mediante iniciativa del Poder Ejecutivo y venia otorgada por tres quintos de votos del total de componentes del Senado.

El último que se ha referido a esta situación ha sido el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani . “Nuestra idea es justamente avanzar en la negociación y que haya acuerdo” declaró, según publica El País el 22/07/26.

Es obvio que ni el Ejecutivo está dispuesto a proponer, ni los senadores de su fuerza política están dispuestos a votar a quien desempeña actualmente ese cargo.

Lo que no se dice son los motivos por los que no lo hacen.

Con esa actitud política lo único que se consigue es, de hecho, prorrogar la permanencia en el cargo de la Dra. Mónica Ferrero.

Porque los senadores de la Coalición Republicana ya han manifestado su propósito de votar la venia y a diferencia del silencio que mantiene el oficialismo, han hecho público los motivos que sustentan su posición.

Que no son otros que el reconocimiento de los antecedentes y de la actual gestión de Ferrero.

Con más de treinta años de carrera Fiscal, ella ha sido titular de la Fiscalía Penal de 3er. Turno, Fiscal de Crimen Organizado y Fiscal Letrada Especializada en Estupefacientes.

Con estos antecedentes se explica el motivo del atentado contra su vida que padeció esta corajuda funcionaria.

Es evidente que es un obstáculo para los narcotraficantes.

En consecuencia, resulta imperioso que se expresen las razones para no votar la venia a una jerarca que está por cumplir dos años de una irreprochable gestión.

Hay que extirpar de raíz la malintencionada versión de que son los intereses de los delincuentes los que están gravitando para que sea relevada.

Es cierto que un reciente informe del Grupo de Diarios América (GDA) establece que los narcos han concluido que es más redituable infiltrar al sistema político que enfrentar, con las armas, a las fuerzas de seguridad. (Edición del 19/07/26 del mismo medio).

Si bien consignan que esa realidad se ha extendido en Latinoamérica, señalan que nuestro país, Costa Rica y Chile constituyen excepciones. No obstante ello, la propia Ferrero ha advertido sobre amenazas a operadores judiciales y posibles intentos de presión sobre legisladores y periodistas.

Tampoco se debe admitir, como verdadera, la versión de que la dilación en dotar a la Armada de las patrulleras oceánicas se deba a la incidencia de intereses originarios de los narcos.

En la medida que el oficialismo no exponga públicamente los motivos que tiene para no acompañar la designación de Ferrero, resultará difícil terminar con las suspicacias.

Porque al igual que los romanos exigían de la virtud de la mujer del César, también en este caso no basta con serlo, también hay que parecerlo.