La clase política

El Ciudadano | Montevideo
@| ¿Somos ovejas cuidadas por el lobo?

El mayor triunfo del cinismo político no ha sido convencer a la ciudadanía de que la corrupción es inevitable, sino haberla persuadido de que el propio poder puede auditarse a sí mismo.

Exigir que la clase política se controle, fiscalice y juzgue a sí misma no es encomendar la custodia de la majada al pastor: es meter al lobo directamente dentro del corral, ponerle la túnica de juez y pagarle el sueldo con el dinero de las ovejas.

La premisa de que los partidos políticos pueden diseñar organismos anticorrupción imparciales es una ficción conveniente. Cuando la ética pública se somete al reparto de cuotas, al juego de mayorías parlamentarias o al visto bueno del Ejecutivo de turno, el resultado es predecible: el órgano de control nace castrado o nace vendido.

- La trampa del autocontrol.

Existen dos maneras en que el poder neutraliza a sus fiscalizadores, y ambas son destructivas para la democracia:

1) El pacto de no agresión: cuando la política funciona por corporativismo, los organismos éticos se convierten en depósitos de expedientes cajoneados. “Hoy por ti, mañana por mi”; las denuncias se diluyen en laberintos burocráticos y las investigaciones avanzan al ritmo que dicte el calendario electoral.

2) El arma partidaria: cuando la polarización domina, el órgano de control deja de servir a la ley para servir a la causa. Se transforma en una trinchera ideológica (un comité militante financiado con fondos públicos) que persigue con ferocidad los deslices del adversario mientras justifica o ignora las faltas del propio bando.

En cualquiera de los dos escenarios, el ciudadano pierde; paga impuestos para financiar la estructura de su propia fiscalización y recibe a cambio un teatro institucional donde los acusados eligen a sus jueces y redactan sus propias condenas.

- La urgente necesidad de cortar el cordón umbilical.

Ninguna sociedad civilizada le encomienda la auditoría de una empresa al propio directorio que está siendo investigado; sin embargo, en el ámbito público aceptamos esa anomalía como normal.

Si la transparencia ha de tener algún sentido y no ser un mero eslogan de campaña, hay que quitarle a los políticos el monopolio del control ético.

Los tribunales de cuentas, la corte electoral, las juntas de transparencia y las fiscalías anticorrupción no pueden seguir siendo premios de consuelo para militantes salientes ni fichas de negociación parlamentaria.

Deben ser integrados por concurso público, con independencia financiera blindada, exigencias técnicas estrictas e incompatibilidad absoluta con la militancia partidaria previa.

Mientras los órganos que deben vigilar al poder dependan del poder para existir, la pregunta no es si el lobo se comerá a las ovejas, sino cuánto tiempo más las ovejas seguirán pagándole la comida.

¿Consideras que la ciudadanía tiene hoy la fuerza de presión suficiente para exigir una reforma constitucional que despolitice del todo a estos organismos, o la apatía generalizada beneficia al statu quo?