Instituciones y progreso

Proponente ambicioso | Montevideo
@|Cuando se habla del progreso de una sociedad, habitualmente se piensa en crecimiento económico, empleo, educación, salud o infraestructura. Sin embargo, existe un factor menos visible pero fundamental: la calidad de sus instituciones.

Gobierno, Parlamento, Justicia, universidades, empresas, sindicatos, organizaciones profesionales, medios de comunicación y asociaciones civiles cumplen funciones diferentes, pero todos contribuyen a organizar la convivencia y generar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus capacidades.

Las instituciones comienzan a deteriorarse cuando pierden competencia, independencia, integridad y capacidad de rendir cuentas. También cuando son capturadas por intereses particulares, cuando prevalece la lealtad política sobre el mérito, cuando los controles dejan de funcionar o cuando la sociedad comienza a aceptar como normales conductas que antes consideraba inaceptables.

El problema se agrava con la polarización, cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en un enemigo al que hay que descalificar. La desinformación, el cortoplacismo y la percepción de que las reglas no se aplican de igual manera a todos también contribuyen a debilitar la confianza. Esto viene ocurriendo en Uruguay desde hace décadas.

Una sociedad institucionalmente saludable requiere instituciones profesionales, independientes y transparentes; autoridades que acepten controles y rindan cuentas; medios comprometidos con la calidad de la información; y ciudadanos capaces de informarse, participar y asumir responsabilidades.

Pero las instituciones no se fortalecen solamente mediante nuevas leyes o reglamentos. Se fortalecen cuando quienes las integran actúan con competencia, honestidad y sentido de responsabilidad, y cuando existen incentivos para que hacer bien las cosas sea conveniente y hacerlas mal tenga consecuencias.

La confianza tampoco puede decretarse. Se construye mediante comportamientos que la justifiquen: reglas respetadas, decisiones previsibles, controles efectivos, resultados y capacidad para reconocer y corregir errores.

Por ello, la responsabilidad no corresponde únicamente a quienes gobiernan. También alcanza a legisladores, jueces, funcionarios, empresarios, profesionales, periodistas, docentes, dirigentes sociales y ciudadanos. Cada uno, desde su ámbito, puede contribuir a fortalecer o debilitar las instituciones de las que depende la sociedad.

Tal vez una buena manera de evaluar a un gobierno o una institución no sea solamente preguntarnos qué hizo durante su gestión, sino qué institución deja cuando termina su responsabilidad.

¿Es más profesional, independiente, transparente, eficiente y confiable? ¿Está mejor preparada para servir al conjunto de la sociedad?

El verdadero progreso no consiste únicamente en producir más riqueza o construir más obras. También consiste en construir instituciones capaces de preservar y multiplicar las oportunidades de las personas.

Fortalecerlas no es una tarea exclusivamente política. Es una responsabilidad colectiva y, probablemente, una de las inversiones más importantes que una sociedad puede hacer en su propio futuro.

Todos los integrantes de la sociedad deberíamos actuar en consecuencia. ¡Y la realidad está distante!