Fondos sindicales bajo la lupa

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Cuando aún no se han concluido las investigaciones de las denuncias de desvío de fondos vinculados al sindicato de la construcción en la que han sido implicados legisladores y donde se han separado de sus cargos a responsables del SUNCA, por transferencias de dineros del “fondo social de la construcción” por sumas muy importantes; ha tomado estado público la situación que se ha producido en la FUS (Federación Uruguaya de la Salud) donde las nuevas autoridades de este gremio, han solicitado tanto una auditoría externa para “transparentar” el destino y uso de fondos como la intimación a su histórico dirigente, a que reintegre a las cuentas del gremio (ahora con personería jurídica) fondos que estarían depositados en cuentas personales.

Otra vez se habla de una “operación política” al ser interrogados los que hasta hace muy poco hacían y deshacían en esas agremiaciones, y se buscan justificar conductas que hoy se pretenden investigar, tanto para preservar los derechos del gremio como los derechos y responsabilidades de cada quien en esos manejos.

A esta altura de los acontecimientos, resulta que nadie puede dudar de la necesidad de que los gremios se constituyan en personas jurídicas y que, quienes asuman tareas de dirección, en definitiva, se responsabilicen de sus decisiones y respondan con sus respectivos patrimonios en caso de promover acciones dolosas que perjudiquen a su gremio.

Tal vez enfrentamientos internos en cada gremio, y en especial en esta última situación -relacionada con los trabajadores de la salud- provenga de los propios “compañeros” (que han logrado posiciones de dirección) que quieren saber exactamente el destino y manejo de esos dineros de los últimos cinco años.

No resulta aceptable que, luego de haber sido constituida la persona jurídica, existan dineros del gremio depositados en cuentas bancarias particulares; no es prolijo ni transparente ese proceder. La “auditoría externa” que se está solicitando sobre el manejo de fondos necesarios destinados a “cursos de formación” de sus afiliados, arrojará -sin dudas- luz en este asunto que efectivamente debe aclararse.

No se trata de atacar al movimiento sindical sino de conocer la legalidad de estos procederes; así como conocer el volumen de los dineros que han percibido y poder acceder al documentado destino dado a esos recursos financieros. Estas “sombras de dudas” sobre posibles actos de corrupción -ahora en la FUS- deben efectivamente transparentarse para favorecer la propia fortaleza institucional de esas personas jurídicas, y que en definitiva se “aquieten las aguas” y sirvan para tranquilizar a los agremiados; comprobado que sea el correcto manejo de esos recursos.

No se trata de responder a “molestias personales” que han quedado al descubierto sino de garantizar a los agremiados el normal y legítimo uso de esos “dineros colectivos” que son suyos. Se impone regular todo lo relativo a estos aspectos, con las máximas garantías, de acuerdo a derecho.