Estado liberal...

Juan Pedro Arocena | Montevideo
@|Puesto a prueba en los extremos.

Es algo muy conocido que el liberalismo surge con la necesidad de limitar el poder político. Con esa intención, Locke, Madison y Constant, entre otros, priorizaron el respeto a la propiedad vinculando de manera fundacional a este derecho con los otros dos fundamentales: vida y libertad. Así nació el estado liberal como respuesta a los atropellos sistemáticos que, en esa época, no provenían de delincuentes comunes sino de los Estados gobernados por monarquías absolutas. Por entonces el crimen organizado no representaba una real amenaza.

Transcurridos los siglos, la tensión entre el poder que emana legítimamente del estado de derecho y el que proviene del crimen organizado ha mutado dramáticamente. Los atropellos a los derechos fundamentales (propiedad, vida y libertad) si bien siempre presentes en el universo de las tentaciones del poder político, ya no operan discrecionalmente. El ciudadano que vive en regímenes democráticos teme mucho más al incontenido poder del delincuente que a los posibles excesos del estado. A la vez, para las ONG defensoras de los derechos humanos las víctimas de los delincuentes comunes son meros hechos consumados. Todo su celo se centra en exigir el más estricto respeto de los derechos del delincuente, en el proceso de su arresto, juicio y condena. Y la fiscalización se lleva a cabo exigiendo los mejores estándares de dieta, salud y bienestar de la población carcelaria. Una vez condenado el delincuente, las penas que imparte la justicia, no otorgan seguridad a la sociedad civil, la que se ve sometida a un altísimo porcentaje de reincidencia (70% en Uruguay). Hace tiempo un jefe de policía manifestaba que cada vez que sale en libertad un homicida no podía evitar pensar en la próxima víctima inocente. En seguridad, como en tantos otros asuntos, se hace necesario un rediseño defensivo del liberalismo, no para quitar libertades, sino para garantizarle a la ciudadanía la seguridad perdida, sin la cual la libertad es un mero espejismo. Para T. Hobbes, la autoridad fuerte no es enemiga de la libertad, sino su condición previa.

Pero esto no ocurre sólo en el campo de la seguridad y el combate al delito. Por el contrario, el funcionamiento del estado liberal está sometido a la disfunción permanente operando en los extremos. Lo que hemos referido acerca de la delincuencia, puede aplicarse a una infinidad de otras demandas insaciables de índole económico - social, medioambiental, de género, raza e incluso de tolerancia hacia todo tipo de ideas que desde la religión o la filosofía atacan las bases del estado de derecho libertario. Las demandas son con frecuencia incompatibles entre sí; por ejemplo, cuando se exige aumentos de salarios de forma indefinida y a la vez, apertura de fuentes de trabajo; cuando se demanda mayor seguridad, pero se premia al delincuente y se persigue la acción policial; cuando la ecología sirve para evitar una represa de agua potable, la exploración de combustibles fósiles o hasta la producción agrícola, ganadera e industrial pero no cesan las demandas por el mayor bienestar de la población. Se defienden los derechos de la mujer y de las minorías sexuales, pero se apoya a Hamas y se ataca a Israel. La incongruencia de las demandas deja claro que no estamos ante un intento de reformar el estado liberal para mejorarlo sino ante el conocido objetivo estratégico que postula su destrucción. Ya no mediante el asalto armado sino a partir de la progresiva obsolescencia estructural de su diseño original.

No estamos ya ante el leninismo clásico, porque el estado sustituto proletario y socialista ya no existe. Nos enfrentamos a una inercia estratégica de la doctrina que amerita a que nos refiramos a ella como el “posmarxismo leninismo”. Es un sistema de ideas carente de una carta de reemplazo, y que, por lo tanto, se agota en su primera fase: la nuda destrucción. No es un mero adversario político. Es un temible enemigo de la civilización occidental.