Juan Carlos Nogueira | Montevideo
@|El ministro Castillo parece asumir que una empresa debe comunicarle sus decisiones estratégicas al gobierno. Es comprensible: nunca fue empresario; siempre se movió en el mundo sindical.
Para entender la decisión de BASF —y de tantas otras compañías que han reducido o abandonado su actividad en Uruguay— el ministro y el gobierno deberían empezar por analizar las causas en círculos concéntricos cuyo centro son sus propias políticas.
Tal vez, si se quitaran el lente ideológico y revisaran algunos fundamentos básicos de economía, podrían encontrar la respuesta sin necesidad de exigir explicaciones a las empresas.
Por si aun así les persiste la duda, aquí va una pista:
Para BASF (como para muchas multinacionales), Uruguay presenta costos laborales e impositivos elevados y un entorno político percibido como fuertemente orientado al sindicalismo.
En contraste, destinos como India y Malasia —hacia donde se reubican operaciones de BASF— ofrecen talento abundante, menores costos, incentivos estatales, experiencia en hubs globales, escalabilidad y mayor madurez digital.
Después de esto, ¿lograrán interpretar las señales o los efluvios marxistas seguirán nublando su juicio? Lo más probable es que vuelvan a culpar a factores externos, mientras la venda ideológica les impide reconocer que son las propias condiciones internas las que empujan a las empresas a irse.