El terrorismo y la justicia

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Cuando el terrorismo se viste de heroísmo y la defensa se condena al infierno.

En las páginas más oscuras de la historia uruguaya, se esconde una verdad que apesta a podredumbre ideológica, el doble estándar que blinda a los terroristas de izquierda mientras condenan sin piedad a quienes defendieron el Estado de sus ataques salvajes.

Los Tupamaros, ese movimiento guerrillero que se autoproclamaba “liberador”, pudieron asesinar, secuestrar y torturar a sus “enemigos” con impunidad histórica, amparados en una narrativa romántica que los pinta como víctimas de un sistema opresor.

Pero, ¿qué pasa cuando el blanco de esos ataques sistemáticos osa defenderse? Ahí, la justicia se convierte en una farsa, un teatro donde se arrojan pétalos de rosa a los verdugos y se crucifica a los guardianes de la ley.

Tomemos el caso que clama al cielo, el asesinato a sangre fría de cuatro soldados en un Jeep, en 1972; jóvenes uniformados, cumpliendo su deber en una democracia tambaleante, son acribillados desde un vehículo en movimiento por guerrilleros cobardes que ni siquiera les dieron la chance de defenderse.

Un acto de terrorismo puro, diseñado para infundir pánico y desestabilizar el orden.

¿Y qué dice la ley actual?

Que esos asesinos no cometieron crímenes de lesa humanidad porque sus acciones no fueron “generalizadas o sistemáticas” contra la población civil, según los tecnicismos del Estatuto de Roma.

¡Qué conveniente!

Mientras tanto, cualquier respuesta del Estado (incluso en defensa propia) se etiqueta como lesa humanidad, imprescriptible e imperdonable, enviando a octogenarios militares a pudrirse en cárceles comunes, sin prisión domiciliaria ni misericordia.

¿Dónde queda la justicia en esta ecuación perversa?

En la cloaca de una ideología contaminada por el odio al Estado, ese odio que justifica la violencia “revolucionaria” pero demoniza la autodefensa.

Los Tupamaros operaban con una estructura militarizada, mandos operativos, metodologías establecidas de violencia, “cárceles del pueblo” donde torturaban a secuestrados como animales, bombas sistemáticas en lugares públicos, y copamientos como el de Pando que dejaron un reguero de sangre policial y civil.

¿No es eso un ataque organizado contra la sociedad?

Claro que sí, pero el relato dominante, alimentado por ex guerrilleros que hoy ocupan cargos parlamentarios, los exonera.

Amnistiados en 1985, integrados al sistema que juraron destruir, y libres de rendir cuentas por sus atrocidades. Mientras, los “milicos” son los villanos eternos, culpables por el mero hecho de portar uniforme y resistir el caos.

Esta asimetría no es casualidad; es el fruto podrido de un pacto implícito post-dictatorial, donde se priorizó la “reconciliación” a costa de la verdad.

Se blindó la impunidad mutua, los Tupamaros callan sobre sus traiciones internas y colaboraciones con la dictadura, y a cambio, se enfoca la lupa solo en las violaciones estatales.

¿Resultado?

Una justicia selectiva que huele a venganza ideológica, no a equidad.

¿Se supone que el Estado debe responder a balazos con flores?

¿Que los soldados deben dejarse masacrar para no ofender la sensibilidad “progresista”?

Absurdo, la defensa propia no es crimen; es un derecho humano básico; condenar solo a un lado es perpetuar el terror, disfrazado de memoria histórica.

Uruguay merece algo mejor, es hora de romper este velo de hipocresía y exigir una justicia simétrica, juzgar a todos los verdugos, sin distinción de bandera ideológica.

Que los asesinos de esos cuatro soldados respondan ante la ley, no ante un altar de mitos revolucionarios; solo así saldremos de la cloaca y construiremos una democracia genuina, libre del odio que aún envenena nuestras instituciones.

De lo contrario, seguiremos honrando a los lobos mientras sacrificamos a las ovejas. ¿Hasta cuándo?