Justiciero | Montevideo
@|Días pasados, el Senado de la República aprobó por unanimidad un proyecto de refinanciación de deudores en Unidades Reajustables (UR) de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), afectando la seguridad jurídica de los contratos, según fuera reconocido por alguno de los propios votantes.
Un informe técnico recientemente elaborado por una consultora privada a pedido del BHU, plantea con objetividad que es falso que esos deudores hayan sido los más perjudicados y que tendrá un costo estimado de 590 millones de dólares en total, agregando que “podrían acentuar comportamientos de riesgo moral” a futuro.
Fue clarísima la Presidente del BHU en declaraciones públicas a la prensa, diciendo que se trata de una “generosa demagogia”; indicando que los referidos deudores “mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos”. Y agregó que “hubo tres valores violentados: justicia, conveniencia y respeto de los contratos”.
Señaló seis razones para ello: 1) “Perdón de deudas”. 2) Evolución similar de UR con Unidad Indexada (UI) a lo largo del tiempo. 3) Perjuicio comparativo para los buenos pagadores del BHU. 4) Mejora en el valor de los inmuebles adquiridos. 5) Deudores que quedan fuera del planteo legislativo. 6) Incumplimiento de contratos.
Comparto totalmente los argumentos expuestos en contra de recorrer este camino. No se debería avanzar en esta línea de acción. Y me hace acordar a un famoso tango de Discépolo de otra época - “Cambalache” - que da título a esta carta.