El puerto y una cuestión de Estado

Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo
@|En su reciente columna el Dr. Ricardo Reilly Salaverri, titulada “Nación, ley y puerto”, efectúa un interesante análisis que respeto y al que, simplemente debo rectificar su afirmación de que TCP accedió a la terminal de contenedores por una licitación abierta. La realidad es que fue a través de una subasta, conforme al art. 20 de la Ley N° 17.243 del 6.7. 2000 y a la reglamentación a que debió someter su gestión.

Hace 3 años, cuando tomé conocimiento del contrato con TCP-Katoen Natie, del 25 de febrero de 2021, sostuve que si bien eran muy positivas las inversiones que esa empresa iba a realizar, la forma en que se había concretado el acuerdo iba a generar un Campo de Agramante en el ámbito portuario y que una espada de Damocles iba a pender sobre el mismo, en atención a las demandas de nulidad contra los decretos 114 y 115 de abril de 2021 que le dieron sustento reglamentario a ese acuerdo, que se iban a promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el caos que podían producir la eventual nulidad de los mismos.

Sostuve, en aquel entonces, que era indispensable buscar soluciones conciliatorias entre las partes interesadas y, además, aprovechar esa circunstancia para enmendar errores logísticos y operativos que se habían incurrido en ese contrato, pero mi prédica no tuvo eco alguno.

Lamentablemente, el panorama portuario se ha agravado transformándose en una seria cuestión de Estado, porque, a las demandas ante el TCA, se agregan los planteos formulados ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), puesto, que el mismo, aceptó la solicitud de arbitraje por 600 millones de dólares formulada por la empresa chilena Neltume Ports y por la empresa canadiense ATCO, que se estima reclamará 400 millones de dólares por los eventuales perjuicios sufridos en su condición de accionistas de Montecon, por el contrato de la referencia y los decretos 114 y 115.

Estas demandas de arbitraje se fundan en los acuerdos de protección de inversiones que tenemos tanto con Chile como con Canadá, que le imponen al Estado uruguayo el deber de proporcionarles a las inversiones procedentes de esos países un marco jurídico “justo y equitativo” y lo que se denomina la cláusula de la Nación más favorecida que implica que las inversiones de Chile y Canadá, no pueden tener un trato “inferior” al que se le otorga a otras empresas nacionales o extranjeras.

En consecuencia, a la espada de Damocles que se generó por la acción de nulidad ante el TCA, de los actos administrativos que fueron fruto del contrato del 25 de febrero, se agregan ahora los reclamos ante el CIADI por el incumplimiento de los tratados a que he hecho referencia.

Y para agravar aún más este panorama tan ominoso, ha trascendido que el gobierno de Canadá estaría estudiando el entorpecer el ingreso de nuestro país al Tratado Transpacífico por el incumplimiento al Tratado de Protección de Inversiones en que estaría incurriendo el Uruguay.

Obviamente el panorama que deberá afrontar el gobierno que asuma en marzo de 2025, es muy complejo y amenazador.

¿Qué corresponde hacer entonces? Declarar que estamos frente a una cuestión de Estado y buscar soluciones conciliatorias a través de una mesa de negociación, con las partes involucradas y con moderadores expertos en la temática portuaria; incluso, de prosperar esta iniciativa, sugiero se designe coordinador al Ingeniero Omar Paganini que está demostrando ser un excelente Canciller y un hábil negociador.