Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Uruguay enfrenta un dilema estructural en su educación superior, el ingreso irrestricto a carreras universitarias, especialmente en la Universidad de la República, genera una oferta educativa desalineada con las necesidades del mercado laboral.
Carreras como Psicología, Profesorado, Derecho o Sociología concentran miles de inscripciones anuales, pero producen egresados que el sector privado no absorbe en su totalidad. El resultado es previsible: saturación, subempleo y una presión creciente sobre el Estado para crear puestos públicos que mitiguen la frustración de jóvenes formados sin salida real.
Esta masificación sin criterios selectivos dilapida recursos públicos y perpetúa ineficiencias; mientras Medicina (con alta densidad profesional) mantiene acceso abierto, carreras con escasez estructural como Enfermería o Fisioterapia imponen cupos que dejan fuera a cientos de aspirantes.
Es una contradicción flagrante que prioriza la inclusión indiscriminada sobre la planificación racional.
Es imperativo que el Estado asuma un rol activo; implementar una guía estatal obligatoria de orientación vocacional para jóvenes que inician estudios universitarios. Esta guía debe incluir información clara sobre demanda laboral actual y proyectada, tasas de egreso, salarios promedio y oportunidades reales en el privado y público, basada en datos del MTSS, INE y consultoras como Advice.
No se trata de coartar libertades sino de empoderar decisiones informadas y reducir deserción y sobrecualificación.
Paralelamente, urge introducir pruebas de admisión o cupos regulados en carreras con baja demanda o saturación evidente, equilibrando la capacidad docente, infraestructura y necesidades nacionales. Países con sistemas más eficientes demuestran que la orientación temprana y la regulación selectiva mejoran la eficiencia, reducen el abandono y alinean la formación con el desarrollo productivo.
Educar la educación implica pasar de un modelo populista de acceso masivo a uno responsable y estratégico.
El futuro de miles de jóvenes, y la sostenibilidad fiscal del país, depende de que el Estado deje de ser mero receptor de egresados frustrados y se convierta en guía proactiva hacia oportunidades reales. Es hora de actuar con visión, no con inercia.