Dichos de Lustemberg

Daniel Villaamil | Montevideo
@|Las recientes declaraciones de la ministra Cristina Lustemberg, particularmente en relación con la decisión de reducir la sanción impuesta a la anestesista vinculada al caso de la muerte de la médica Soledad Barrera, me indignan profundamente, tanto como ciudadano como desde mi condición de persona comprometida con los valores que deben regir la función pública.
Hay cosas que pueden discutirse políticamente. Y hay otras que, por su gravedad, trascienden la política y entran directamente en el terreno de los principios.
Cristina Lustemberg decidió reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de una anestesista que había sido sancionada administrativamente por graves irregularidades en una intervención y que posteriormente fue condenada por la Justicia por homicidio culposo, en el caso de la muerte de Soledad Barrera.
No estamos hablando de una simple multa.
No estamos hablando de una formalidad administrativa.
Estamos hablando de la muerte de una persona y de la responsabilidad profesional que la Justicia determinó en torno a ese hecho.
La propia ministra sostiene que actuó dentro de la legalidad y que su decisión respondió a cuestiones jurídicas y a antecedentes de sanciones similares. Ese aspecto podrá ser objeto de las correspondientes discusiones jurídicas y administrativas.
Pero existe una pregunta que, a mi entender, permanece vigente:
¿Dónde quedan la sensibilidad humana y la responsabilidad moral cuando quien tiene la obligación de velar por la salud pública decide reducir una sanción de esta naturaleza?
Y hay otra pregunta, todavía más incómoda:
¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando una sanción de cinco años, establecida luego de una investigación y de la constatación de diversas irregularidades, termina reduciéndose a tres años?
No digo que la ministra haya cometido un delito.
Digo algo diferente: una decisión puede ser jurídicamente defendible y, al mismo tiempo, profundamente cuestionable desde el punto de vista ético y moral.
Y cuando, además, la ministra afirma que no tiene nada de qué disculparse, después de haber promovido una denuncia contra un adversario político que terminó siendo archivada, el contraste resulta todavía más difícil de ignorar.
Porque la moral republicana exige algo elemental: cuando una persona ejerce el poder, debe tener la misma severidad para juzgar las actuaciones de los demás que humildad para revisar sus propias decisiones.
No alcanza con decir: “Estoy haciendo mi trabajo”.
La función pública exige mucho más. Exige responsabilidad. Exige sensibilidad. Exige autocrítica. Y, sobre todo, exige principios. Porque el ejercicio del poder sin responsabilidad puede ser legal. Pero eso no significa que sea necesariamente moral.