Decisiones apresuradas

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|Consecuencias impredecibles.

La publicitada decisión del actual gobierno de rescindir unilateralmente el contrato con el astillero español a quien se había confiado la construcción de las patrullas oceánicas (tan largamente esperadas para la protección de nuestro mar territorial) no ha dejado de sorprendernos.

Sin intimación judicial previa y con afirmaciones de gravedad, que lesionan el prestigio de nuestro co- contratante y que supondrían la presentación de una denuncia penal ante el presunto “fraude” o engaño a nuestro Estado (en lo que refiere a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento), las consecuencias de ésta decisión son ciertamente impredecibles, y atentan contra la credibilidad de nuestro país al momento de contratar.

Es importante señalar que se trata de un aspecto si se quiere “menor”, por la cuantía de la garantía (en la que se advierten las irregularidades), de un 5%, frente al volumen de un contrato que supera los ochenta y dos millones de euros, de los que ya se han hecho efectivos más de treinta millones de esa moneda. Un viejo principio indica que “más vale un mal arreglo que un buen juicio”. Por el básico principio de la buena fe, a nuestro entender, una vez advertida la inconsistencia o irregularidad de esa garantía, debió intimarse por los medios legalmente previstos la inmediata solución de ese inconveniente. Y seguir adelante. Para luego, si no se ofreciera una solución viable, ir a una rescisión unilateral para cuidar tanto el contrato como los dineros entregados; buscando en todo caso la mayor protección con el menor costo posible para los dineros públicos, sin embarcarnos en procesos judiciales que tendrán importantes costos que saldrán de las arcas públicas, con grandes posibilidades de resultar perdidosos.

Mientras todo esto se dilucida, en nuestro mar territorial sigue estando ausente el Estado y sigue siendo un festín para depredadores de nuestra fauna y narcotraficantes. Son decisiones más políticas que técnicas y/o jurídicas que, lamentablemente, no resultarán gratuitas para nuestro patrimonio.

Como tampoco resultará de menor cuantía la proyectada decisión de realizar un túnel por debajo de la principal avenida de nuestra capital, para uso de transporte público privado, con consecuencias que afectarán el funcionamiento del Centro de Montevideo, para “ganar unos minutos” en los traslados de una movilidad ciudadana que últimamente ha sido caótica, pero no se avizora una real mejoría en beneficio de nuestros habitantes y eventuales visitantes.

Realmente uno se pregunta si efectivamente se han valorado todas las opciones posibles para buscar resolver el tema de la movilidad, y si se han contemplado costos y beneficios antes de encarar tremenda obra, cuando a todas luces nuestra ciudad tiene temas si se quiere “más cotidianos” que resolver, y que debieran ser urgentes, como la recolección y disposición final de los residuos, el estado de nuestras veredas, la iluminación de las vías de tránsito y los espacios públicos.

Resultaría interesante que se valoraran todas las posibles soluciones antes de tomar decisiones que finalmente nos afectan tanto patrimonialmente como en nuestra calidad de vida, mientras estas obras se ejecuten.