Caja Bancaria

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|La Caja Bancaria como el reflejo de un sindicalismo entregado a la política.

La desaparición progresiva del banco tradicional frente a la emergencia de la banca virtual (con cajeros automáticos, aplicaciones móviles y locales automatizados) no es una sorpresa de último momento; es un fenómeno global que trajo consigo menos empleados, mayor rentabilidad corporativa y un quiebre drástico en la relación entre activos y pasivos encargados de sostener los sistemas de seguridad social.

Ante este escenario inevitable, cabe preguntar: ¿acaso la dirigencia del PIT-CNT no lo sabía? ¿Dónde estaban los líderes de los trabajadores bancarios?

La respuesta está en el desvío de prioridades; durante décadas, la cúpula sindical ha parecido más obsesionada con consolidar su pertenencia a la casta política y asegurar su cuota de poder ideológico que con velar por los intereses reales de sus representados.

La otrora poderosa Caja Bancaria se ha transformado hoy en un agujero negro financiero donde todos pierden, menos la gran banca privada; el problema de fondo fue ignorado y lo sigue siendo por la complacencia de una gestión gremial que prefirió el aplauso fácil a la reforma proactiva.

Fiel a la lógica de la izquierda tradicional, cuando el agua llega al cuello, la mirada no se dirige hacia la autocrítica sino hacia el Estado.

Se recurre de forma sistemática al auxilio de Rentas Generales transfiriendo el peso de una mala gestión a los hombros del ciudadano común que paga sus impuestos; es la eterna receta del asistencialismo ideológico, gritar en la tribuna y, al día siguiente, pasarle la factura a los sectores que producen.

Reforma Constitucional: el Estado como salvaguarda, no como cómplice.

Para frenar este saqueo sistemático al bolsillo del contribuyente, se vuelve imperioso impulsar una reforma constitucional que redefina las reglas del rescate financiero.

El espíritu de esta enmienda es claro, el Estado jamás debe abandonar a sus ciudadanos desamparados, pero bajo ningún concepto volverá a garantizar la impunidad de los responsables que generaron el colapso.

La nueva disposición constitucional debe establecer que la intervención económica del Estado solo quedará habilitada una vez que las responsabilidades de todos los actores involucrados hayan sido debidamente procesadas, estudiadas y asumidas jurídicamente; esto significa que antes de tocar un solo peso de los impuestos de la gente, se deberá responder en primer término con los patrimonios corporativos de las instituciones financieras y con los patrimonios personales de los dirigentes y administradores que, por negligencia o interés político, llevaron el sistema a la quiebra.

La crisis previsional bancaria actual evidencia el colapso de un modelo donde la cúpula sindical priorizó la plataforma política personal por encima de la responsabilidad técnica.

El Estado tiene el deber de proteger a los pasivos, pero también la obligación de no premiar a los culpables; si no se establecen límites de rango constitucional que obliguen a los tomadores de decisiones a pagar con sus propios bienes por sus fracasos antes de pedir auxilio público, seguiremos siendo los eternos rehenes de una casta que aplaude en la tribuna y traslada sus deudas al pueblo productor.