Caja Bancaria

Jubilado | Montevideo
@|Los días que corren son fundamentales en la búsqueda de soluciones para la crítica situación del Instituto.

El Estado, los Bancos y el Gremio, cada parte con su propuesta, están abocados al encuentro de una salida que evite el quiebre de la Caja. Se maneja como objetivo la cobertura de un déficit para los próximos 13 años, que se estima en US$ 900 millones y que podría llegar a ser de US$ 1.200 millones.

Teniendo en cuenta que la situación creada se viene gestando desde 2017 con pérdidas sostenidas y crecientes que concluyeron con un resultado negativo de US$ 105 millones en 2022, ¿qué medidas/propuestas planteó la Caja para ir enfrentando este proceso? ¿Qué responsabilidad le cabe a los distintos Consejeros que no supieron o no pudieron evitar la crítica situación del Instituto? ¿Qué rol cumplieron los representantes del PE, siendo que según expresiones del Ministro Mieres se reunió con el Presidente de la Caja a principios del año pasado porque habían detectado una “situación patrimonial muy delicada”, pero en ese entonces los jerarcas respondieron que “eso no era así”?

A la vista de lo que antecede, ¿sería aplicable a esos Consejeros los efectos del Art. 266 de la Ley 20.130 (Reforma de la Seguridad Social)? No hay dudas que es materialmente imposible retroceder en el tiempo y lo que no se hizo en su momento ya es muy tarde para hacerlo.

Sería de orden que quienes no impidieron llegar al triste presente de la Caja se hagan responsables de su inacción, teniendo en cuenta que tuvieron a su cargo un colectivo que a la fecha es de más de 37.000 afiliados, que confiaron en esa conducción y a la luz de los resultados se han visto defraudados.