¿Y si la legalizamos y Marset paga impuestos, crea puestos laborales en blanco y pasa a este lado de la raya?

La semana pasada reapareció Sebastián Marset con una carta apuntando a “cada uno de los países” que lo persiguen, en la que, además de decir que no entiende cuál es el “deseo sexual” que Uruguay tiene con él, sugirió que nos ocupemos de “los problemas del país” y que nos olvidemos de su persona. El tema es que acá, por más que se haya ido hace siete años, como afirmó, el narcotráfico es un problema importante ante el cuál se dice que se perdió la “guerra”. ¿Y si la legalizamos y probamos otro método para que se derrame menos sangre y contribuya con una economía más pura?

El narcotráfico es un negocio, por lo tanto es por plata. Antes de enviar sus “saludos cordiales”, Marset escribió “yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”. Además, acusó a Paraguay y a Bolivia de vivir del narcotráfico, mientras que de Venezuela destacó que al menos no negaba ser un narcogobierno. Entonces, “si viven del narcotráfico, respeten el narcotráfico”, sostuvo en la carta.

Uno de los primeros paraguas que se abrió antes de que el nuevo gobierno asumiera en marzo, fue el del exfiscal y actual ministro del Interior, Carlos Negro, cuando dijo que la guerra contra el narcotráfico “está perdida” (algo repetido internacionalmente desde hace tiempo). "Lo que podemos hacer es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación", lo que implicaría "intervenir de alguna forma en ese mercado" para "lograr que las bandas más violentas no puedan operar de forma violenta", había agregado.

Entonces, si es una actividad que genera “crecimiento” en la economía de los países, emplea a personas no tecnificadas como a otros de “alto porte” (como contadores, abogados, escribanos, políticos y otros más que se requieren para lavar activos y concretar negocios por altas sumas de dinero), que por su restricción desparrama sangre, infunde temor en la población y corrompe voluntades de quienes deberían velar por la seguridad de los ciudadanos, ¿está mal plantearse que, aquellos que se encuentran dentro de esta actividad, pasen al otro lado de la línea, a la legalidad, paguen impuestos y que el pequeño “tranza” integre el sistema de seguridad social?

Pensar que la figura del “narco del cante” pase a usar camisa y zapatos, que sean legales sus negocios y, más importante aún, que no se maten personas por ellos, podría ser una medida a contemplar.

El País.

Pero mirándolo desde otra perspectiva menos macro, más cercana, más personal, también más conceptual, como base de todo esto, es una cuestión de libertad. ¿Está bien que “papi Estado” establezca qué podés meterte en el cuerpo y qué no? Asimismo, ¿no es una contradicción referirnos a la posibilidad de una adicción como argumento en contra cuando normalizamos la legalidad de la marihuana, el alcohol, las apuestas y otras sustancias/actividades?

El alcohol, la marihuana y las apuestas, también generan adicción pero nos asustan menos. Por ejemplo, ¿cuántas vidas se pueden haber perdido (lo digo así porque no tengo un número) por personas que se endeudaron por apostar? Esto también es solo por entretenimiento, también se pueden lavar activos a través de esta actividad, también tiene un mercado secundario “en negro” y también puede ser “moralmente cuestionable”, dependiendo del lente con que se mire. Sin embargo, contamos con una Dirección General de Loterías y Quinielas y también con casinos del Estado (los cuales tienen pérdidas, pero ese es otro tema).

En este sentido, también se plantea hasta dónde es libertad y dónde pasa a ser “libertinaje”. Según la RAE, el libertinaje es el “desenfreno en las obras o en las palabras”. La cuestión cae, entonces, en quién determina cuándo se pasa el límite y se llega al “desenfreno”. No parece haberlo con el alcohol, con la marihuana o con el tabaco, porque nos consideramos lo suficientemente capaces para determinar cuándo comienza el riesgo de establecer un vínculo problemático con estos y alejarnos. La cantidad de accidentes viales, peleas callejeras y otras situaciones que cuentan con el aditivo de que algún participante estaba bajo la influencia de alguna sustancia de adquisición legal, no altera nuestro sentido de libertad al defender su uso en nuestra vida.

Foto: Ministerio del Interior.

Otro punto a tener en cuenta es la mejora de la calidad de las sustancias y, con esto, un mayor cuidado de quienes las utilizan. Por ejemplo, se puede decir que desde la legalización de la marihuana en Uruguay, la calidad ha cambiado. Ya no se escucha sobre el “prensado paraguayo”, sino que se habla sobre las diferentes cepas de cogollo. También se puede pensar que, con el refinamiento de las sintéticas debido a un mercado más libre, la propuesta de laboratorios para testear pastillas en las fiestas de electrónica sería más popular y menos necesaria.

En tanto, su legalización podría impulsar a que exista una mayor cantidad de laboratorios de drogas sintéticas, en este caso legales, porque de otra forma no deberían llegar. Ese es un punto a tener en cuenta al momento de determinar cuál es el origen de los estupefacientes que podrían comerciarse.

Por otro lado, se puede plantear un posible aumento del consumo, aunque también debería pensarse si ese “aumento” no es más que una mayor luz en los números de aquellos que ya lo hacen, ya que son difíciles de medir actualmente. Puede que sean ambos. Pero, también se podría alcanzar a mayor cantidad de adictos, con mejores propuestas, por tener un conocimiento más certero de ellos.

Otro posible argumento en contra reside en el sistema financiero. Esto traería implicancias en lo que refiere a las regulaciones internacionales antilavado de activos. Ante determinadas transacciones, se requiere saber el origen del dinero que, en este caso, sí sería la venta de drogas (legal).

Después de todo lo dicho, el primer mensaje debe ser: no consuman drogas. Sin embargo, este es un debate que debería ponerse sobre la mesa. Ante una “guerra perdida”, podríamos empezar a valorar que una mayor libertad, más información y la “educación, educación y educación”, por citar al expresidente José Mujica (quien legalizó la marihuana en su mandato), pueden ser las medidas para batallar el narcotráfico y su derramamiento de sangre.