Verdadero sello

Si hubo una transformación realmente profunda y silenciosa en este país desde el retorno democrático, esa fue la ruptura del monopolio estatal universitario, con el surgimiento de varias universidades privadas, cada una con su sello distintivo.

Fue un cambio que sin hacer alharaca sacudió a la sociedad en su manera de acceder a la educación superior, en el lanzamiento de profesionales competentes, con el surgimiento de nuevas carreras y sus aportes a la investigación, sus conexiones con el resto del mundo y en cómo generaron renovadas maneras de mirar a la sociedad.

Hasta entonces Uruguay se ufanaba de vivir en una peculiar burbuja: la de ser de los pocos países en que la universidad no solo era estatal, sino además monopólica. No podía haber otra y solo sugerirlo era considerado una herejía. Era una manera en que los uruguayos creían ser civilizados y de vanguardia. En su aislamiento mental, no sabían que lo que dinamizaba a tantas otras sociedades era la existencia de muchas universidades, privadas y estatales, algunas confesionales, complementándose unas a otras.

Señalar estos hechos importa para poner en contexto al reciente decreto aprobado por el ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, que dio una deplorable marcha atrás respecto a decisiones tomadas por su antecesor en cuanto a otorgar flexibilidad a las universidades privadas. Hasta entonces los procedimientos en el MEC para autorizar carreras respondían a una pesada regulación que nada tenía que ver con lo de ser auditadas. Durante la gestión del ministro Pablo da Silveira se quiso reconocer que por su trayectoria y consolidación, algunas universidades ya no podían ser subestimadas.

Lo paradójico es que la Universidad de la República, financiada con recursos del Estado y siendo parte de ese Estado, goza de tal autonomía que en los hechos no rinde cuentas ante nadie ni nadie osaría pedirlas.

El decreto del anterior gobierno habilitaba a las universidades privadas con más de 20 años de existencia y sin observaciones graves, a pedir la autorización definitiva. También las habilitaba a cambiar las modalidades, los planes de estudio, la denominación del título oficial, a crear nuevas orientaciones y títulos intermedios de carreras reconocidas, incluyendo doctorados, a abrir nuevas sedes “sin otro trámite que informar al MEC”.

Las universidades acogidas por ese decreto fueron la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo (UM), la Universidad de la Empresa (UDE) y la Universidad Claeh, además del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Son instituciones que se ganaron, con justicia, su prestigio. Vuelcan a la sociedad graduados y posgraduados en diversas disciplinas, participan en valiosos proyectos de investigación, hacen arreglos con universidades reconocidas para hacer intercambio de estudiantes y hasta otorgar maestrías y doctorados compartidos.

Un núcleo grande de uruguayos las eligió para obtener su formación superior, por ser creíbles y serias, y con eso les reconoció su derecho a existir. Un derecho ganado que no debería necesitar aval burocrático.

En nombre de los rectores de las universidades privadas, el actual rector de la UCU, Julio Fernández sostuvo que el decreto del gobierno anterior no otorgaba autonomía a las universidades privadas, sino “flexibilización burocrática”. Se preguntó si lo mejor no hubiera sido a partir del ya existente, mejorarlo hacia un nuevo decreto en lugar de retroceder once años y quedar a la espera. Es que ese es el estilo de gestión del gobierno (lo de la Biblioteca Nacional es un ejemplo).

No hace. Sí deshace. Y nunca repone.

Las pautas para las universidades privadas que corrían en 2014 (la norma que ahora queda en pie), pertenecen a otra época. Hay una dinámica fluida en la gestión de una universidad (privada o pública) que no puede ser sofocada por trabas propias de otras épocas. A 40 años de establecida la primera de estas universidades, es obvio que alcanzaron una madurez y una presencia que las hace merecedoras de más autonomía, no menos.

La actitud de los rectores expresada por Julio Fernández es de dialogo y de intercambio de ideas, algo razonable en un país que responde a un Estado que cree que su rol es regular la vida y obra de los uruguayos. No debería ser así. Un número importante de estudiantes, al decidir dónde formarse, cómo hacerlo y en qué condiciones, le dio una válida legitimidad a estas universidades. Sobre esa preferencia de tanta gente se construyeron y consolidaron, sus trabajos de investigación y su cuerpo de profesores les dieron prestigio, el mismo que le confieren sus egresados, dentro y fuera del país. Ese es el verdadero sello; lo otro es puro papeleo. Las universidades se ganaron el derecho a tener la máxima autonomía posible y deben reafirmarse en ese derecho.

Quien necesita retroceder es el Ministerio.