¿Vale todo?

Enrique Beltrán

El transcurrir de este período de gobierno tuvo una característica inquietante que lo fue definiendo desde el principio y ha sido su insistente empeño para ir erosionando el Estado de Derecho, para ver de perpetuarse en el poder. La estrategia para alcanzar esa meta propuesta, pero no proclamada, consiste en ir desmantelando algunos de los supuestos que lo sustentan. Como ya lo he señalado ha sido una preocupación obsesiva del gobierno y de su partido, el desvincular el país de su pasado allí donde se han escrito las páginas de nuestras libertades, y con ellas se fueron forjando las garantías del Estado de Derecho y entre ellas la rotación de los partidos en el poder. Una de las primeras decisiones, poco antes de la rápida destitución del Dr. Leborgne fue el cambio de los símbolos patrios, porque la historia que en poco estuvieron ellos, más les valía no recordarla aunque fuera la del país. Los siguientes pasos fue excluir a la oposición de los entes autónomos y servicios descentralizados. Si bien hubo alguna oferta para una magra integración en algunos de esos organismos, las autoridades partidarias entendieron con razón, que en esas condiciones, era más lo que se decoraba que lo que se podía controlar. Ese soberbio exclusivismo que se anunciaba en las primeras decisiones, caracterizó el quinquenio oficialista. El Parlamento también lo reflejó en sus mayorías regimentadas, en sus imposiciones sordas a todas las razones por contundentes que fueran, en la negativa a las comisiones investigadoras, en las leyes cocinadas fuera del recinto y aprobadas sobre tablas cualesquiera fueran los dislates y las inconstitucionalidades que consagraran. Refleja el desprecio por medio país, por su historia y por la Constitución según así lo dispone la dimensión de su soberbia y su desesperación por el poder cualquiera sea su precio. Aunque son incontables los hechos que lo han venido revelando a lo largo de su gobierno, me voy a detener solamente en unos pocos que son testimonio de todo ello. Uno es el que despertó el indignado artículo de Carlos Maggi en nuestra edición del domingo pasado y que hace al plebiscito de anulación de la ley de Caducidad, veintidós años después de su sanción. Difícil es encontrar una propuesta que embista más frontalmente contra el Estado de Derecho y contra las libertades individuales, contra la seguridad jurídica y a favor de la arbitrariedad de las multitudes como es esta propuesta que cuenta nada menos que con la firma del propio presidente de la República. Bien vale la pena repetir algunas de las razones incontrastables de aquel artículo: "se proyecta que el cuerpo electoral modifique la Constitución a tal grado que se suprima los principios en que se basa la Constitución. Establecido que en ejercicio de la democracia directa se puede dejar sin efecto principios dorsales del derecho penal, quedan abiertas las puertas para imponer los abusos más aberrantes". Nada ha sido óbice para llevar adelante esta arremetida contra las instituciones. También, "el nunca más" que acompaña la fecha del nacimiento de Artigas, que se proponía inicialmente como una leyenda de paz con las que se quería cerrar para siempre la dura experiencia de la violencia tupamara y de la dictadura que la siguió, terminó flechada para este último lado y se absolvió a quienes la provocaron. Si faltaba un broche final para esa insistente erosión de las instituciones democráticas éste ha estado a cargo del Presidente de la República con su actividad proselitista en abierto desafío a la Constitución. Lejos quedó su juramento y aquel discurso de la asunción de mando "Dentro de la Constitución todo. Fuera de la Constitución nada".