Termina un nuevo ciclo electoral y, como desde hace muchos años, tanto dirigentes políticos como muchos ciudadanos coinciden en reconocer que se trata de un proceso extenso en el tiempo y que genera desgaste, cansancio y pérdida de interés.

Por otra parte, desde 1996, es decir desde hace casi treinta años, no se han producido ajustes o reformas de las reglas de juego del funcionamiento político.

No es lo más conveniente que se produzcan cambios permanentes en las reglas de juego, pero nos parece que es necesario comenzar un debate sobre algunas modificaciones que mejoren nuestro rendimiento y cambien disposiciones que no resultan equitativas ni eficaces.

A su vez, como cada vez que se impulsa una reforma política, la viabilidad de un cambio en las reglas de juego es inversamente proporcional al tiempo que falta para el comienzo del siguiente ciclo electoral. De modo que corresponde poner sobre la mesa algunos de los argumentos que, a nuestro juicio, ameritan la necesidad de avanzar en una reforma política.

En primer lugar, como se dijo más arriba, reducir la extensión de un largo ciclo electoral podría ser uno de los objetivos. Sin embargo, no es fácil acortar el período electoral.

Volver a la simultaneidad entre las elecciones nacionales y las elecciones departamentales y locales afectaría la posibilidad de dar un espacio rico y necesario para el debate de los temas departamentales y locales.

La democracia se enriquece con la discusión pública de aspectos relacionados con la vida concreta y cercana en el territorio, tanto en el plano departamental como a nivel de las diferentes poblaciones.

Por otra parte, ha quedado demostrado, desde que se separaron las elecciones en el tiempo, que los ciudadanos eligen candidatos y partidos diferentes según el nivel de gobierno y el cambio en el voto entre lo nacional y lo departamental es muy evidente en cada elección.

Pero, además, puede ocurrir que los candidatos a cargos nacionales, particularmente a la Presidencia, arrastren el voto departamental y local, disminuyendo de esta manera, también, la relevancia pública de la política local.

El otro camino, como existe en muchos países, es que las elecciones departamentales y locales se ubiquen en la mitad del período de gobierno nacional, pero en este caso es muy probable que “el remedio sea peor que la enfermedad” y, en vez de tener un período electoral extenso, pasemos a tener una campaña electoral permanente, puesto que así ocurre en muchos de los países que tienen elecciones de mitad de período.

Una alternativa que podría reducir el tiempo del ciclo electoral es un cambio en la regulación de las elecciones internas de los partidos políticos, construyendo una normativa que permita que cada partido desarrolle la elección de sus Convenciones con libertad en cuanto a sus procedimientos y fechas, fijando simplemente un plazo máximo para que las respectivas Convenciones elijan sus candidatos presidenciales y departamentales.

En este caso, la Corte Electoral debería aprobar previamente los Reglamentos que cada partido establezca para elegir sus Convenciones, a efectos de garantizar que los procedimientos sean efectivamente democráticos.

Pero de lo que no tenemos duda es que una reforma política debe establecer la representación proporcional en la integración de las Juntas Departamentales. Cada vez resulta menos entendible que un organismo colectivo de carácter legislativo no se integre de acuerdo con reglas más democráticas que permitan una adecuada representación de las diferentes opciones políticas departamentales.

Esta norma es una lamentable y persistente anomalía dentro de la arquitectura electoral de nuestro país, uno de cuyos principios más relevantes es el respeto por la proporcionalidad de la representación del voto ciudadano.

Finalmente, una reforma política también debería corregir una práctica reñida con la equidad en la presentación de la oferta electoral que, lamentablemente, está naturalizada en nuestra cultura política.

Este punto tiene que ver con la distribución y disposición de las hojas de votación.

Nuestro país es uno de los pocos países del mundo en el que la impresión y distribución de las hojas de votación no está en manos exclusivas de la autoridad electoral, sino que depende de cada partido o agrupación política.

En efecto, la hoja de votación debería ser impresa y proporcionada por la autoridad electoral, la que debe realizar y garantizar la distribución de manera equitativa y accesible para los ciudadanos en todos los circuitos del país.

A su vez, los partidos políticos y los candidatos deberían estar impedidos de imprimir y distribuir por sí mismos, las hojas de votación, eliminando de este modo la posibilidad de que el instrumento de votación sea, al mismo tiempo, un instrumento de propaganda y publicidad, generando enormes inequidades entre los diferentes partidos y agrupaciones en función de los recursos financieros y organizativos.

En particular, somos partidarios de un mecanismo de elección que incorpore el voto electrónico, pero con impresión de la hoja de votación para que el elector tenga la certeza de que votó lo que quería votar. El votante elige su opción y en el cuarto secreto imprime la hoja y la introduce en la urna. Por lo tanto, el escrutinio se hace con las hojas de votación impresas, tal como ocurre hoy en día.

Seguramente, debe haber otros temas para incorporar en el debate de una reforma política, pero nos parece oportuno abrir el espacio de diálogo para realizar algunos cambios que mejoren la calidad de nuestra democracia y la participación de los ciudadanos.