Una ley bárbara

Antonio Mercader

Sólo un valiente es capaz de leer los 820 artículos del proyecto de ley de presupuesto a estudio del Parlamento. Es que se requiere valor para atravesar esa maraña de normas que se crean, derogan y reemplazan. Y mucha paciencia para desentrañar una redacción que parece hecha para confundir al lector. Si a ello le sumamos los errores ortográficos, de puntuación, de sintaxis y de sentido común, se apreciará la magnitud del sacrificio de nuestros legisladores.

Se dirá que el tema gramatical es algo menor si se repara en la trascendencia de una ley que contiene "el plan de gobierno" y será la más importante del quinquenio. Puede que así sea, pero en todo caso sus deficiencias revelan una decadencia abrumadora en el manejo de la lengua española.

Un vistazo al proyecto delata fallas gramaticales de todo tipo y pelaje. Para empezar, el clásico imperativo con que se inician las normas legales suele carecer de acento, un gazapo menor se dirá, pero molesto al fin. "Asignese", "facultese", "habilitese" o "autoricese" no significan nada sin su propia tilde. Recién a la altura del artículo 18 una mano piadosa acentuó el verbo y estampó un "prohíbese", aunque ya se sabe, una golondrina no hace verano.

Abundan otros errores como, por ejemplo, el uso de la palabra "solo", con tilde cuando es adverbio (o, como enseñaban en la escuela, "cuando puede cambiarse por solamente"), y sin ella cuando es adjetivo. De eso, los autores del proyecto ni se enteran. Tampoco les inquieta el abusivo empleo del gerundio utilizado para estirar -y embarullar- las frases con los "pudiendo", "implicando", "previniendo" y "efectuándose".

Hay artículos tan indescifrables como el 35, por poner un caso, capaces de fastidiar al más avezado criptógrafo. Su inciso 4, consagrado a regular el horario a cumplir por funcionarios trasladados, dice así: "Si en el origen el horario es mayor que en destino, se tomará la retribución de origen correspondiente al régimen horario del funcionario y se comparará con la de destino correspondiente a la carga horaria que rija en destino". Más claro, échele agua.

Otra perversión es el recurso constante a las mayúsculas para resaltar la relevancia del asunto en cuestión. Es el caso de la palabra jerarca, escrita siempre con mayúscula, cosa de inflar con bombo y pompa cada cargo, una mala costumbre que puede causar excesos tales como el del artículo 37 que llega al absurdo de sacralizar mediante mayúsculas el "Juicio del Jerarca", es decir, la opinión del señor jefe.

Ni que hablar, además, del uso de puntos, comas, y puntos y comas, que para los redactores del proyecto parecen ser una sola y misma cosa. O de las preposiciones que faltan y se dan por escritas, así como con los artículos (no los legales, sino los gramaticales) como "el", "la", "los", "las", escamoteados del texto quizás en nombre de una errada concisión de estilo. O los barbarismos, arcaísmos y otros vicios que configuran un atentado al pudor lingüístico que le harán la vida imposible a quienes deban aplicar esas normas.

Sería bueno que además del fondo, el Parlamento también se ocupe de la forma de esta ley de presupuesto.