Hace tan solo 23 años que se creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de nuestro país, pero solamente 15 desde que se concretó en los hechos, con la incorporación de la primera área natural.

En la actualidad suman 18 áreas distribuidas en 13 departamentos, y existen en lista de espera 6 áreas más.

Lo peculiar de nuestro SNAP es que más del 90% se ubica en tierras privadas, lo que obliga a desplegar una elaborada estrategia negociadora y desde luego mucha madurez institucional, capaz de acordar y coordinar entre las partes, políticas de conservación de la diversidad biológica nacional. Desde la selección de las áreas de interés hasta la elaboración de sus planes de gestión e implementación de las acciones, todo el proceso demanda largas instancias de negociaciones -claves para alcanzar el éxito de los objetivos comunes.

El peor enemigo es la improvisación. Porque potencia las equivocaciones, garantiza las frustraciones, dilapida recursos y nos aleja de los verdaderos objetivos nacionales de impulsar el desarrollo sustentable.

Estamos hablando de una compleja estrategia que, para tener éxito, debe incluir el fortalecimiento institucional, el desarrollo permanente de capacidades humanas, la integración y participación activa de la sociedad y de los actores más directamente vinculados a estos procesos, la disposición del financiamiento necesario para el cumplimiento del plan de gestión, así como la máxima coordinación posible entre las autoridades nacionales, departamentales y locales.

El buen funcionamiento de áreas naturales protegidas debe verse como una bendición. En la actualidad incluye cerca de 380.000 hectáreas de superficie terrestre y marina, representando el 1.2% del territorio nacional. Desde luego este porcentaje es muy bajo para los estándares internacionales, pero considerando lo tardíamente que nos incorporamos a esta estrategia mundial, podemos decir que vamos por el buen camino.

La sustentabilidad del proceso debe ser la garantía que alimente su existencia. Recordemos que en la mayor parte de las áreas protegidas coexisten en armonía los objetivos de conservación de la biodiversidad, los de la producción agropecuaria y el uso para otros fines.

Cada año se calcula que unas 150 mil personas visitan las áreas protegidas con fines turísticos. Es un rubro significativo que merece toda nuestra atención. No solamente porque es generador de trabajo y de riqueza para las comunidades locales, sino porque contribuye a mejorar la generación de recursos económicos para que la conservación consiga mejores resultados.

El turismo responsable en las áreas protegidas es una inteligente alternativa y un buen “seguro de vida” en el sentido de que obliga a extremar el ingenio para cumplir con varios objetivos simultáneos: proteger la integridad y la salud de las áreas, ofrecer a la sociedad la posibilidad de disfrutar de la naturaleza de manera segura, directa y protagónica, generar y mantener empleos locales, desarrollar una conciencia colectiva cada vez más responsable acerca del valor y la importancia de la existencia de las áreas naturales.

Los ministerios de Ambiente, Turismo y las direcciones de las Intendencias tienen mucho trabajo por delante.