Treinta años es mucho

Abril de 1996. Se deposita el primer peso en una cuenta de ahorro individual jubilatorio. Por primera vez, los uruguayos pasan a ser propietarios de su ahorro previsional: aportan a su propia cuenta, para su jubilación, con nombre y apellido. Nacen las AFAP.

Treinta años después, conviene detenerse y recordar para qué existen. No están solo para invertir y hacer crecer los fondos de los trabajadores. Cumplen también una función menos visible, pero más decisiva: resguardar ese ahorro privado. Resguardarlo del Estado, de los ciclos políticos y de una tentación siempre presente: usar hoy lo que pertenece al mañana.

Ese diseño no fue casual. Fue una decisión tomada en un contexto de restricciones fiscales severas y de necesidad de reconstruir credibilidad.

La introducción de cuentas individuales no solo aportó sostenibilidad financiera al sistema previsional; también envió una señal clara, hacia adentro y hacia afuera: el ahorro previsional tendría reglas, propiedad definida y límites a la discrecionalidad.

Con el tiempo, el ahorro previsional individual se consolidó como una auténtica política de Estado. No es exagerado sostener que integra los cimientos que explican por qué Uruguay accedió al grado inversor en 1998, lo recuperó en 2012 -tras una década signada por la crisis de 2002- y ha logrado sostenerlo hasta el presente.

Sin embargo, desde el inicio el sistema convivió con cuestionamientos persistentes. No de carácter técnico, sino ideológico: provenientes de quienes entienden que todo -los servicios públicos, la educación, la salud y también el ahorro- debe concentrarse en manos del Estado.

Bajo esa lógica, la presencia de actores privados siempre resultó incómoda, incluso cuando sus resultados se alineaban con los objetivos perseguidos y la mayoría de la población la incorporó con naturalidad. Primero se cuestionó el concepto mismo de ahorro privado, presentado como antagónico a un sistema “solidario”. Luego, el foco se desplazó hacia las ganancias del sistema, como si la gestión pública no tuviera costo alguno. Hoy, bajo el paraguas del llamado “diálogo social”, esa presión contraria al ahorro previsional individual reaparece con una propuesta concreta: eliminar la gestión privada de las cuentas individuales y trasladarlas a la órbita estatal. El argumento se presenta como una mejora de eficiencia. Se invocan economías de escala, reducción de costos administrativos y mayor coordinación. Pero incluso dentro de ese marco, la evidencia disponible no respalda la afirmación.

Los propios números manejados en el ámbito del “diálogo social” no muestran ahorros significativos derivados de este cambio. Es decir, la justificación económica -que podría servir de fundamento para impulsarlo- simplemente no aparece.

El impacto inmediato recaería sobre los trabajadores de las AFAP que perderían su empleo o, eventualmente, serían absorbidos por el sector público. Son unas 300 personas dedicadas a la administración de las cuentas individuales de ahorro. Son, además, la cara visible del sistema: el punto de contacto con las personas. Son quienes explican, orientan, responden consultas y acompañan decisiones. Quienes hacen el esfuerzo de traducir un esquema complejo en algo comprensible, y sostienen, en la práctica, el vínculo entre el ahorro previsional y la gente.

o que quedaría oculto es el cambio en la arquitectura institucional del sistema. Un aspecto particularmente delicado, que no debería pasar desapercibido. Porque no es equivalente un esquema en el que los fondos están separados del Estado, que uno en el que pasan a depender de él. No es lo mismo un sistema con límites explícitos a la discrecionalidad, que otro en el que esos límites se diluyen y quedan sujetos a decisiones futuras.

Es una modificación estructural que altera la esencia del sistema. Las AFAP dejarían de ser custodias del ahorro previsional individual para convertirse, en el mejor de los casos, en gestores circunstanciales de fondos bajo control estatal. Cambia la lógica del sistema y, sobre todo, la naturaleza del resguardo de la propiedad privada.

Hay, además, un punto insoslayable: la voluntad popular. En el plebiscito de 2024, la ciudadanía rechazó con contundencia -más del 60%- una propuesta que incluía la eliminación de las AFAP, aun cuando se presentaba junto a dos medidas de fuerte atractivo para la opinión pública, como la reducción de la edad de retiro y el aumento de las jubilaciones más bajas.

Lo que no se logró por esa vía reaparece ahora bajo otra forma: más gradual, más indirecta, más sutil. Primero, trasladar las cuentas individuales a la órbita del Estado. Después, el resto. Nada impediría, más adelante, modificar las reglas de juego para desalentar la participación privada en el sistema. Detrás de todo -ahora de manera menos explícita- persiste el mismo objetivo: poner fin a las AFAP.

En las próximas semanas, las propuestas del “diálogo social” estarán sobre la mesa. Entre ellas estará esta, probablemente diluida dentro de un paquete más amplio que aborda distintos frentes del sistema de protección social.

Se plantearán temas relevantes y muy complejos de resolver: protección a la infancia, transferencias frente a cambios profundos en el mercado de trabajo, cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad.

Todo ello en un contexto de marcada escasez de recursos fiscales, que inevitablemente genera tensiones entre quienes impulsan nuevas prestaciones y quienes deben velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. En ese marco, no se puede perder de vista la delicadeza de intervenir sobre un pilar crítico del sistema jubilatorio.

Lo que está en juego no se reduce a los 30 años de una política de Estado que ha sido exitosa -algo inusual y, por eso mismo, digno de cuidado-. Lo que verdaderamente se pone en disputa es algo más profundo: la forma en que el país decide proteger el ahorro de sus ciudadanos y los límites que fija al poder del Estado frente a decisiones que se proyectan a lo largo de toda una vida.

Treinta años pesan. Y lo que está en juego, aún más.