Tormenta en AUF

HEBERT GATTO

En las sociedades modernas, crecientemente orientadas al ocio, el fútbol es la actividad recreativa que concita mayor atracción. Desde mediados del siglo XIX no ha cesado de ganar entusiastas y hoy se practica y se disfruta en todas las latitudes. Para asistir a sus encuentros se han levantado gigantescos estadios capaces de albergar decenas de miles de espectadores mientras aparece en las TV del mundo. En rigor, satélites mediante, no existe momento, que no permita observar algún encuentro, cualquiera sea el lugar donde uno se encuentre. El fútbol ha exacerbado nacionalismos e incluso, se dice, ha propiciado amagues bélicos. No lo limitan nacionalidades, ideologías, edades, género, ni requiere cultura o especiales conocimientos para gozarlo.

No corresponde aquí evaluar este hecho, alcanza con advertir su ubicuidad, su importancia social y su magnitud económica que lo convierte en la actividad lúdica más apreciada del planeta. Y es precisamente en este marco, con sus expectativas, que se desarrolla el conflicto que en estas horas enfrenta a la Asociación Uruguaya de Fútbol con la empresa Tenfield. Todo ello potenciado en nuestro caso, por el hecho que los uruguayos hacemos de la omnipresencia del fútbol un rasgo primario de nuestra identidad. Tres millones y poco de habitantes con un ingreso per cápita apenas mediano, sostienen una representación nacional, que ocupa el cuarto lugar entre sus similares del mundo. Como si un ratón soportara un león. Una selección además, cuyos integrantes, valorados en millones de dólares, hace tiempo que emigraron, pero son reconocidos como verdaderos héroes nacionales. En tales condiciones y con soportes económicamente muy frágiles, cualquier conflicto en este ámbito trepa a los titulares de los diarios y amenaza con consecuencias tan trágicas para los orientales, como la desoladora eventualidad de perder el fútbol de la grilla televisiva. Algo que bien conoce Tenfield, que como todas las empresas, procura los beneficios para los que fue creada. Lo que no le impide, como ahora es el caso, aparecer desde su monopolio, como demasiado rapaz. La AUF por su parte, debe asistir materialmente a sus asociados, sabedora de que sin su ayuda difícilmente subsistan. Un clásico choque de intereses capitalistas, salvo que en este caso, el objeto en disputa, los derechos sobre el fútbol, constituyen un tema caro para un país que hace de este deporte una parte tan importante de su imaginario. Como consecuencia lo que para otros sería una puja económica sin demasiada relevancia, para nosotros deviene un asunto de estado. Como el Ministro de Turismo no ignora estas repercusiones, dio a entender que si el asunto no se soluciona, el estado deberá intervenir. Hizo lo debido. No porque el fútbol sea un bien social, sino para evitar la frustración de la ciudadanía. Cosa distinta es que una dependencia administrativa del Ministerio de Economía constriña y presione en una negociación ajena, divulgando lo que cree legal o ilegal en un contrato. El Poder Ejecutivo no ejerce funciones jurisdiccionales, las que corresponden a los Tribunales, ni emite opiniones jurídicas generales. No entenderlo así es violar derechos ciudadanos.