Sudestada y derechos

Aniversario poco recordado: en París, el 26 de agosto de 1789, los Estados Generales —que Luis XVI había abierto el 2 de mayo anterior—, ya convertidos en Asamblea por sobre las diferencias de clase social, aclamaban la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.

La filosofía política y la esperanza trabajosamente construidas a lo largo de la Ilustración —en cartas, folletos, libros, artículos de la Enciclopedia, prisiones y destierros— se apretó en lenguaje encendido pero de Derecho, clamante pero imperativo, revolucionario pero clásico: tanto, que retoma las tradiciones latinas y escolásticas de afirmar principios generales y abstractos destinados a vivirse en concreto, sin jugar a las escondidas con la conciencia.

216 años después, si leemos ese texto y lo confrontamos con la realidad que vivimos, nos damos cuenta que le debemos claves cardinales de nuestra Constitución y que, 175 años después de jurado nuestro Texto Magno, seguimos en deuda con esas claves.

Allí se afirma que "los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos" y se declara la dignidad de la persona, el valor de su iniciativa y de la libertad individual como expresión del libre arbitrio, cuya vigencia compartían clericales y anticlericales, católicos, deístas a lo Voltaire y aun ateos; si respetan la libertad ajena, su actividad física e intelectual, su hablar y escribir, su trabajar e inventar, su adquirir y poseer merecen protección: la ley debe ser pareja para todos, sin que se acepte depender del humor del rey o del juez comisionado. Y como bien observó Georges Lefebvre, "el Estado no encuentra un fin en sí mismo; su razón de ser reside en la misión de conservarle al ciudadano el goce de sus derechos; el soberano es la nación, que delega su autoridad a un gobierno responsable; si el Estado falta a su deber, los ciudadanos resistirán la opresión.

Sobre todo eso, anduvimos bastante, y a veces muy rápido, en el Uruguay del ayer; pero andamos a los tropezones en el de hoy, resbalando y desviándonos por aceptar pasivamente a "la sociedad" o a "los hechos socio-económicos, con olvido de que el proyecto nacional se asienta sobre la persona —arts. 72 y 332 de la Constitución— y que si de eso nos apartamos, bajamos de lo que quisimos ser a un mero existir empobrecido. Al fin de cuentas, los derechos sociales o sirven al ideal de persona o son contrarios al fundamento mismo de nuestra institucionalidad; por lo cual, lo que hay que hacer con ellos no es negarlos sino encauzarlos para rescatar al hombre de todas las violaciones de derechos en que anda hoy chapaleando.

Esas violaciones se deben no sólo a que olvidamos el valor jurídico de mandamientos como el de la Declaración de 1789. Además, surgen de que mantenemos a medio recorrer el camino de promesa cultural en que se inscribieron sus propósitos. El proyecto constitucional —que nos amalgama por encima de lo que votamos— apunta a un destino de grandeza y lucha. En la medida en que bajamos el punto de mira y la guardia en la prédica, abrimos flancos de insensibilidad que generan a un individuo débil sin que por eso la sociedad se haga fuerte.

De tales atascos nos sacaron los grandes movimientos de la civilización, a veces ejemplarmente emprendidos en rincones como el Uruguay. A la vista de nuestros miasmas, otra vez estamos llamados a esa aventura.

Vale la pena, si recordamos de dónde venimos y a dónde vamos; y si, tras inclinarnos acongojados, nos erguimos para impedir que se repitan muertes como las del martes, que una debida autoexigencia —cristianismo, Enciclopedia o Kant— habrían podido evitar... si los que se dicen "prácticos" dejaran de creer que hablar de principios y filosofía es hablar de otra cosa que el destino del hombre, llamado a ser persona que piensa creando y no anónimo rebaño que bala.