Situación absurda

La representante de los usuarios en la Junta Nacional de Salud (Junasa) declaró que ninguna de las instituciones médicas "puede saltearse a la Junasa, así sea para construir un baño, el que tiene que autorizar el Ministerio de Salud Pública". Seguramente sin quererlo, esa persona (que, declaro, no me representa) proclamó el epitafio del sistema de salud uruguayo. ¿Qué puede esperarse de una administración estatal que considera justificado invertir tiempo, dinero e inteligencia (tres bienes escasos, especialmente el último), en entrometerse, hasta un nivel tan básico e irrelevante, en la gestión de los servicios médicos? El mismo Estado que no es capaz de asegurar un servicio decente de ambulancias para Sarandí del Yí reclama para sí la competencia de evaluar los proyectos para la construcción de baños en los centros hospitalarios.

El presidente de la Federación Médica del Interior, dijo a El País, que las "condiciones de la canasta de prestaciones las fija el Estado, pero ahora además dice: esto no lo podés comprar si no te autorizo y esto tampoco lo podés hacer si no te autorizo. Y tus funcionarios tienen que marcar tarjeta de tal hora a tal hora porque si no te sanciono. Bueno, ¿pero qué me viene quedando de privado?"

La respuesta a esa pregunta es: cada vez menos. Y el terreno que pierde la iniciativa del privado es rápidamente absorbido por la rozagante burocracia de la salud uruguaya siempre desesperada por controlarlo todo.

Esas declaraciones fueron hechas luego de que se informara que el Ministerio de Salud Pública no permitía que entrase en servicio un equipo para cirugía de alta precisión adquirido por el Sanatorio Británico. Una funcionaria de dicho ministerio informó que la empresa médica había incorporado el sistema de tecnología robótica "sin autorización y por lo tanto no lo puede usar hasta que no termine el proceso por el cual se solicita el uso".

El Ministerio de Salud Pública puede tomarse años para autorizar la incorporación de sistemas tecnológicos de mediano y alto porte.

Ejemplos no faltan: una demora de dos años en el caso de un tomógrafo de última generación para neurocirugía; otra de seis años para la aprobación de un resonador magnético para una institución privada del Interior. El Hospital Británico había pedido la autorización para su equipo hace casi dos años.

Todo esto es absurdo porque los sistemas que se pretenden incorporar a los servicios médicos no suelen ser la gran novedad en el mundo exterior.

Por lo general son equipos bien conocidos y probados. Incluso, en uno de los casos mencionados, la empresa médica que solicitaba la autorización para un equipo determinado debió reiniciar su calvario burocrático porque el fabricante había dejado de producirlo.

Esas demoras burocráticas aparejan un alto costo para el paciente y la sociedad.

Los sistemas más actualizados suelen ofrecer tratamientos cada vez más seguros, menos invasivos y con una recuperación más rápida del paciente.

Pero el verdadero precio de la ineficiencia burocrática (para no mencionar la alcabala impuesta por los prejuicios ideológicos que han salido a relucir en estos días) no se puede medir ni en tiempo ni en dinero: son el dolor, la incertidumbre, la angustia de quienes no pueden acceder a los tratamientos más modernos para enfrentar el constante desafío de la enfermedad propia o de los suyos.

Es el mismo Estado que no es capaz de asegurar un servicio de ambulancias para Sarandí del Yí.