¿Quién manda?

América Latina tendrá en este año una de las tasas de menor crecimiento a nivel global (2,2%) ¿Causas?: la baja inversión, la alta deuda, la volatilidad mundial, el estancamiento de la productividad y el limitado espacio fiscal.

Nuestro país, desarrolló en el pasado siglo un dirigismo estatista creciente. Primero con sectores económicos estratégicos (electricidad, agua, etc.) asignados al Estado, y luego -1950- con una política dirigista de desarrollo industrial. Las experiencias fueron posibles merced al sector agrícola-ganadero, que siempre y bajo todos los gobiernos ha sido cimiento inconmovible de la economía nacional. Las industrias privadas subsidiadas por falta de mercado y ausencia de modernización tecnológica agonizaron y quebraron por inanición hacia 1990 (ILDU, Campomar y Soulas, Sudamtex, Alpargatas, La Aurora, Funsa, etc.). Hoy nuestras expectativas de crecimiento y empleo, están vinculadas al agro y a las exportaciones de software al turismo y las zonas francas. En lo demás dependemos del crédito internacional y la inversión extranjera directa. Lo que exige al país reglas claras para invertir.

Actualmente el desborde sindical en la pesca y los puertos, ha ocasionado pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares. Han tenido la condescendencia del ministro comunista de Trabajo Juan Castillo, cuya carrera de agitación sindical fue en la actividad portuaria. La ley de puertos Nº 16.246 vigente, de 8/04/91, dispuso -lo que es responsabilidad del gobierno- que los “servicios portuarios se deben prestar las 24 horas del día todos los días del año”. Regla dirigida a preservar al sector exportador nacional de las cuantiosas pérdidas que las huelgas causan al trabajo y la producción. Y, por el desprestigio al servicio portuario nacional que causan.

Otro hecho gravísimo proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, administrado por -el “moderado”- Ec. Gabriel Oddone. En la ley de presupuesto a estudio parlamentario se cambia al régimen de exoneraciones tributarias vigente actualmente en zonas francas. La legislación -ley 15.921, de 17/12/87, establece que el Estado asegura se mantendrán los beneficios y excenciones para las empresas usuarias durante la vigencia de sus contratos, protegiéndolas de futuras disposiciones que pudieran limitar los derechos acordados.

En el proyecto del gobierno sin que nadie le obligue a hacer nada se ignora esta responsabilidad. Y con fines recaudatorios a las empresas multinacionales con facturaciones anuales superiores a 750 millones de euros, se les impone una “Tasa Impositiva Efectiva” del 15%, como alícuota mínima de un impuesto a la renta empresarial, a pagar al Estado uruguayo. Este torpedo al área de flotación de un sistema que ha dado notables beneficios económicos, laborales y de prestigio al país, pone al Uruguay en riesgo de severas indemnizaciones por violar la garantía citada.

A esto se suma en el proyecto citado el gravamen a la valorización de los depósitos en el exterior, de capitales de residentes que ya pagan IRPF, por sus depósitos en el país. Es una invitación para que trasladen estos capitales a otro lado. Afortunadamente, se eliminó otra propuesta que pulverizaba lo que queda del secreto bancario en la república. Los esperpentos en curso es posible se hagan ley, porque los dos legisladores del partido “Cabildo Abierto” ¡anunciaron votarán a favor!