Qué sucede en la boya

El incidente ocurrido el pasado 3 de agosto en la boya petrolera de José Ignacio, ocasionó la contaminación de las aguas con crudo derramado, y como era de esperar alcanzó a varias playas fernandinas.

La empresa estatal Ancap en lugar de informar de inmediato lo que había sucedido guardó silencio. Recién se tomó conocimiento del derrame con su inocultable llegada a las costas, pero desconociéndose los detalles del hecho. Entonces se pusieron en marcha los protocolos de limpieza.

Pasaron varios días y finalmente llegó la comunicación oficial de que había ocurrido una fuga de petróleo en la boya “durante las maniobras de inicio de bombeo”. Se interrumpió la descarga de los buques. Técnicos y buzos de Ancap se abocaron a realizar inspecciones y maniobras para identificar las causas de la fuga. Dijeron que detectaron un problema en una estructura ubicada a unos 20 metros de profundidad -donde se conectan manguerones con el ducto submarino-; y comenzaron las reparaciones.

La situación es preocupante.

Al silencio inicial de la empresa estatal siguen sin respuesta varias preguntas básicas.

¿Cuáles son exactamente los daños sufridos en las instalaciones de la boya petrolera? ¿Fue un accidente debido al desgaste normal de los conductos o hubo errores en la operativa?

¿Parque de la infraestructura está cerca de la obsolescencia? ¿Es de esperar que vuelva a ocurrir algo similar en el corto o mediano plazo?

¿Qué volumen exacto de crudo se liberó al mar? Queremos suponer que Ancap dispone de la tecnología necesaria para llevar un control estricto de cuánto hidrocarburo se pierde al ocurrir una fuga.

¿Durante cuánto tiempo estuvo activa la pérdida?

¿Ya fue reparado el daño?

La boya de José Ignacio ya tiene 47 años de uso en un medio natural agresivo a los materiales.

Es de suponer que está reclamando una modernización de fondo, incorporando tecnologías más eficientes, materiales modernos y más duraderos.

En todo este largo tiempo transcurrido han sido numerosos los episodios de pérdidas y derrames. Algunos tomaron estado público y otros seguramente no. Se desconoce lo que ha provocado el funcionamiento de la boya en el ecosistema submarino adyacente, y ni siquiera cuál es su situación actual.

Nos resulta inexplicable que el Ministerio de Ambiente, Ancap y la propia Intendencia de Maldonado no hayan encargado una investigación en ese sentido, e implementado mecanismos permanentes de monitoreo. Se trata de información crucial para determinar cuál es el estado de salud de su diversidad biológica (ecosistema y especies) en el lugar.

Recordemos que es una responsabilidad impuesta por la Constitución de la República y por lo tanto, ineludible e impostergable.

El hecho de que estemos hablando de una instalación ubicada a 3.5 kilómetros de la costa en plenas aguas oceánicas, y de lo que ocurre en el suelo marino en ese sitio, no puede justificar que las autoridades continúen mirando hacia el costado.

Los lindos discursos, la declamación de buenas intenciones deben acompañarse de acciones que las concreten, inclusive -sin duda alguna- en lo que corresponde a la protección de nuestro patrimonio natural.

Queda claro que necesitamos muchas menos promesas y más proyectos materializados, por el bien de nuestro querido país.