Se anuncia un proyecto de ley que impondrá a las instituciones médicas implementar controles toxicológicos aleatorios, para asegurarse de que sus profesionales no trabajen drogados. Tras la tragedia de notoriedad, la iniciativa suena racional y hasta natural, pero en realidad es patética.
Implica bajar un escalón más en la desconfianza, repitiendo con los médicos y colaboradores la ofensa que “por protocolo” recibimos los abogados cuando visitamos una Fiscalía y debemos someternos a un detector de metales y tenemos que aceptar que se nos aísle, prohibiéndonos usar el celular.
El trato propuesto para los médicos y sus colaboradores y el que se inflige a los abogados reposa sobre la pérdida colectiva de la fe en los juramentos profesionales y en el vigor del compromiso íntimo de la persona, con conciencia ilustrada, que sirve al prójimo desde los valores de la ciencia, del Derecho o de cualquier otra disciplina.
Un materialismo miope sustrajo a las carreras universitarias el interés por lo universal. En su lugar, viene armando frangollos con la miopía conceptual de los fragmentos fotocopiados. Y por esas y otras vías, se empobrece el ideario colectivo y la persona que queda atrapada en él.
Ello ha habilitado que se nos sacaran lonjas de dignidad sin que surgieran protestas. Y no sólo en la vida profesional sino en el ambular común: por ejemplo, en los aeropuertos, donde no hay presunción de inocencia que valga y tenemos que sacarnos los zapatos para probar que no somos terroristas.
Correlativamente, las profesiones y los oficios van perdiendo su esencia. Se disuelven rumbo a un mero funcionalismo, que muchas veces lleva a desentenderse del otro y zafar. Con lo cual la Ministra de Salud Pública declara no ocuparse de la baja en la natalidad, mientras la Suprema Corte se ufana de que en casación “no es posible ingresar a la revalorización de los hechos en ningún supuesto, incluso en aquellas hipótesis en las que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria”, lo cual equivale a desinteresarse por la justicia.
Tócanos escribir un 16 de julio, fecha mayor desde el Maracaná de hace 76 años. En ese momento, un incorruptible César Batlle Pacheco estaba al frente de una AUF impoluta que exhibió sin miedo a robos la copa Jules Rimet en la vidriera de 18 de Julio. El Uruguay no inventariaba homicidios diarios y todos se horrorizaban con cada crimen, sin adocenarlos en estadísticas. Vivía como nación asentada sobre ideales propios e industria activa, cuya ciudadanía se erguía en opinión pública capaz de interpelar desde la prensa, que hasta volteaba Ministros. Con todas las imperfecciones que había, éramos una República plena, sin zonas grises ni agujeros negros.
Caímos en dictadura y recuperamos la libertad. Pero por el camino perdimos el hábito de alzarnos contra los abusos. Hoy dejamos que cualquier colectivo que monte tinglados atropelle la sagrada igualdad ante la ley e instale “perspectivas” que flechan decisiones y masacran destinos. Y para completar el cuadro, la libertad es hoy mucho más reclamada como marco legal para la economía que como afirmación individual para la vida entera.
Con un gobierno de izquierda que ha confesado analizar sin prejuicios el modelo Bukele, es tiempo de pensar en voz alta y discernir la clase de país que queremos ser.