La contra ola nos va a tapar a todos”. Así cerraba esta columna meses atrás, cuando la polémica en torno a una denuncia de violación grupal.
Nuestro planteo era que la causa de los grupos feministas, tan justa y necesaria, había empujado los límites legales y de convivencia a unos extremos que hacían predecible un reflujo en el ánimo social. Las noticias de la última semana parecen confirmar que algo está pasando en ese sentido.
Podemos empezar por lo más lejano y exuberante. El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard generó una masiva atención global. Más allá de los detalles escabrosos, el resultado final con una aplastante victoria para el actor de “El hombre manos de tijera” ha sido un punto de inflexión para la sensibilidad de la opinión pública. Sobre todo por haber sido resuelto por un jurado popular, un grupo de gente común y silvestre, que optó no tanto por creer a Depp, sino por sancionar las mentiras de su ex pareja. Se ha dicho que podría ser el final del me too, y que esto dañaría a toda mujer que denuncie a futuro.
Difícil saberlo, pero cuando hasta alguien tan sensible a las mareas de la opinión pública como Wanda Nara interrumpe por un minuto sus raids de compras en Milán, o deja de atragantarse con hamburguesas en las publicidades (¡Hamburguesas, dijimos hamburguesas!), para decir que “hay que terminar con la victimización y usar el lado que nos conviene del feminismo”... algo está pasando.
Pero aterricemos en nuestro patrio suelo. Esta semana la UdelaR decidió que no había mérito para destituir al profesor grado 5 de matemáticas, Martín Sambarino, que desde hacía al menos tres años atravesaba un proceso kafkiano dentro de la Universidad por una denuncia de acoso.
¿Por qué es significativo este caso? Porque la realidad es que la UdelaR ha estado siempre a la vanguardia a la hora de adaptarse a esta nueva sensibilidad. Y su rector, Rodrigo Arim, ha sido muy permeable a la presión de los grupos radicalizados, así como a incinerar gente en la pira de la corrección política, sin demasiados pruritos por frivolidades machirulas como el debido proceso, la evidencia, o el sentido del humor. Basta recordar cuando lanzó una cruzada contra el café que no aceptaba “ni perros ni mexicanos”.
Y, sin embargo, acá votó en contra de la destitución. Según quienes han seguido el caso, porque el resultado del proceso llevado adelante por la comisión interna (idea del propio Arim en su campaña al rectorado) era tan absurdo y carente de garantías, que de concretarse exponía a la institución a un juicio multimillonario.
Que alguien como María Simón, a quien nadie puede acusar de servil al patriarcado o al neoliberalismo salvaje, haya llevado la batuta en la sesión del Consejo Directivo Central que determinó no expulsar a Sambarino, muestra que la cosa no se manejó bien. Y que una universidad pública, que en todo el mundo son las vanguardias de estas causas, tome esta definición, es prueba evidente de que hay algún cambio en el ánimo social. Hubo casos con bastante menos evidencia que han sido ajusticiados, y nadie se inmutó.
Pero, además, esto ocurre en Uruguay en días en que hay una enorme polémica por la postura pública de un fiscal de delitos sexuales de archivar cientos de denuncias en esta materia que no tenían avance. Y pese a la enorme presión social de activistas y comunicadores “aliades”, el tipo siguió para adelante. Y ahí está, al menos por ahora.
También, cuando un programa de TV destapa el escándalo de la única ONG que servía al Poder Judicial con “terapias” para atender a hombres violentos, y que se mostró eran una chantada, sin ninguna garantía ni supervisión de la Justicia.
Una serie de episodios locales y foráneos ocurridos esta semana hacen pensar que estamos ante un cambio de aire en un tema de alta sensibilidad.
La frutilla en la torta fue la protesta de grupos radicales este mismo viernes, a la que asistió nada menos que la madre de Lola Chomnalez. Un evento tan, pero tan bizarro, que hubo performances que llegaron a asociar el acuerdo en el puerto de Montevideo, con el patriarcado. Al parecer, el hecho de que TCP tenga una terminal especializada, potenciaría la explotación de mujeres. Todo tan ridículo, que apenas siguieron el evento un par de cientos de personas, cuando en otros momentos cualquier convocatoria así aglutinaría a miles.
A ver, todo es muy discutible. El abogado del diablo podría sostener que estos episodios muestran que la postura de que la sociedad se ha ido demasiado al extremo es injustificada. Y que sigue habiendo garantías para todos. La respuesta a si estamos ante un cambio de opinión pública ante estas nuevas sensibilidades sería para los amigos Zuasnabar, Porzecanski o Botinelli. El miedo, en todo caso es que el cambio, si existe, se pueda terminar llevando puesto los aspectos positivos que se han impuesto en la sociedad en los últimos años. Que muchas veces han sido empañados por el griterío fascista de una minoría que siempre ha buscado su interés propio.