Los hechos mandan. Un pionero -entre otras artes- de la sociología, el alemán Max Weber, decía a comienzos del pasado siglo que los políticos no podían ser totalmente honestos, porque cuando alcanzan el poder, como los Césares de la antigua Roma deben repartir el botín con la tropa. Pero, hay políticos… y políticos.

Weber, subrayaba que el capitalismo en Europa del Norte, fue factor determinante merced a la ética protestante del trabajo predicada especialmente por calvinistas y luteranos. Impulsó a muchas personas en el mundo secular, a que desarrollaran empresas, participando en el comercio y estimulando la acumulación de riquezas para la inversión. Se consideraba que los buenos resultados económicos individuales eran una bendición de Dios. Sostenía Weber esta idea influyó también en el crecimiento histórico de Estados Unidos. El catolicismo presente en la colonización iberoamericana ha tenido una idea secular crítica a este respecto (recordemos al camello y la aguja).

En el cenit de estos temas están las universales y mejores realidades humanas de los países con economías libres respecto de aquellos con experiencia ultraestatista y socialista.

En nuestro país desde 1990 hasta 2005 se realizaron esfuerzos de gobierno para abatir las plantillas de la burocracia estatal. Se había logrado reducirla a la cifra de 229.000 empleados públicos. En 2005 el Frente Amplio con una situación internacional favorable a nuestras exportaciones como nunca en la historia se había conocido, en vez de mantener esta orientación, y mejorar la situación nacional general, procedió a designar… 60.000 funcionarios más. Durante el quinquenio de Tabaré Vázquez se designaron 27.500 empleados adicionales. En el período de la presidencia del “Pepe” Mujica se nombraron otros 33.000 empleados públicos más. En una apreciación totalmente conservadora si se estimase que cada empleado público genera un gasto de 1.000 dólares ($ 45.000) por mes, cabe concluir su costo es de 60 millones de dólares mensuales, que en un año representan 720 millones de dólares de gasto público más.

Ese gasto no se ha traducido en una mejor educación, ni una mejor seguridad pública, como se dice para justificar esta explosión burocrática. Pagada por Juan Pueblo, los contribuyentes y la actividad privada locomotora de la economía del país. Estos costos que son más impuestos, perjudican a su vez a la contratación y los niveles salariales del sector privado, sometido además de a la fuerte presión tributaria necesaria, a una legislación y prácticas laborales gravosas. Todo lo que impulsa a menos contrataciones y al desempleo. Hoy el 17% de la población activa nacional es empleado público directo. La media de los países de la OCDE, con desarrollo económico superior al nuestro es de 18%. Mientras que en Estados Unidos es de un 11%.

Por estos días ha conmocionado a la opinión pública la debacle de un sistema de inversiones ganaderas, por el que incautos ponían dinero en organizaciones financieras, que decían respaldaban su inversión con existencia real de reses. Hay miles de damnificados y cientos de millones de dólares de los que -la experiencia legal de estas situaciones lo enseña- pasarán los años y nadie recuperará -si se recupera- ni por asomo, nada parecido a lo que tenía.