País previsible, seguridad jurídica

Los uruguayos oímos decir, con una mezcla de tranquilidad y regodeo, que nuestro país se distingue por su estabilidad política, por la seguridad jurídica y por la previsibilidad. Se lo oímos sobretodo a los extranjeros que están pensando invertir acá su dinero o que ya lo han hecho. Tal afirmación se puede tomar como elogio o como amenaza cortés: cuidá eso porque de lo contrario no vengo (o me voy). Pero, sutilezas aparte, esos reconocimientos tienen fundamento: basta con mirar alrededor.

Haber llegado a merecer esas calificaciones se obtiene no por acto directo sino haciendo otras cosas (y evitando otras tantas) a través de varios años y varios gobiernos. Y se puede perder más rápido. La discusión desencadenada por la publicación de las conclusiones del llamado Diálogo Social pone crudamente el tema sobre la mesa. ¿Por qué? Porque dicho Diálogo Social fue un invento creado y promovido por los sectores que habiendo perdido el plebiscito de la seguridad socia, consiguieron fabricar luego un ámbito para jugar la misma partida, ahora con cartas marcadas (integrantes elegidos a dedo). Y eso disuena, pega mal, contra la previsibilidad y contra la seguridad jurídica.

El Ministro de Economía ha levantado su voz señalando que el debate generado por las conclusiones del Diálogo Social “expone al país a las miradas del exterior. El Uruguay va a los mercados a recoger dinero todos los años y el resultado de esa visita a los mercados internacionales ha sido favorable porque somos un país estable. Si por alguna razón de conveniencia táctica o de interés particular ponemos sobre la mesa discusiones que puedan alertar a gente que es muy importante para el Uruguay que existe este tipo de cosas (la discusión) pueden ocurrir, la consecuencia no puede ser sino negativa” (El País 29/IV/26). Tiene razón el Ministro en todo menos en el destinatario de su sermón. Es al gobierno a quien debe advertirle que está jugando con el prestigio internacional del país y el investment grade. Deja de ser predecible un país donde un gobierno sanciona una ley, que luego es ratificada en un plebiscito y al año el gobernó siguiente abandona ese camino y plantea otro. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Con la previsibilidad?

Todo lo de arriba es una reflexión puntual sobre la controversia planteada estos días sobre las idas y venidas acerca de la seguridad social y sus repercusiones sobre ese capital nacional que es la previsibilidad y la seguridad jurídica. Pero no estaría demás que los uruguayos de hoy no hiciéramos más preguntas relacionadas con el fondo del asunto. Por ejemplo: ¿cuánto de país previsible subsiste si las decisiones políticas, nacidas del sistema político partidario con representación democrática, empiezan a ser impugnadas desde las dirigencias sindicales y trasladadas a otros ámbitos de reelaboración y decisión?

La iniciativa contra la reforma de la seguridad social, que nació en el ámbito sindical, tenía dos objetivos básicos: contra las AFAP y contra la elevación de la edad de retiro. No tuvo apoyo ni de la mitad del Frente Amplio y tanto Orsi como Oddone se manifestaron en contra. No puede hoy sorprender a nadie ni la estupefacción de los mercados financieros ni la energía de la oposición política al constatarse el éxito póstumo de lo que un año atrás había muerto por decisión popular plebiscitada.