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Qué no sea otro Arena!” vociferó el secretario de la Presidencia de la República -“Pata” Sánchez- en alusión al proyecto de represa sobre el arroyo Casupá, afluente del Santa Lucía, destinada a aumentar la reserva de agua potable para el abastecimiento de Montevideo y aledaños. Viene por el estadio cerrado -Antel Arena- para espectáculos deportivos y artísticos, impulsado desde Antel por la Ing. Carolina Cosse. Violaba el principio de especialidad de las empresas públicas (tenía un fin ajeno a las comunicaciones), no tenía informe jurídico legal -creíble- favorable, no tenía plan de factibilidad y de retorno de inversión (no la habrá), las compras para la construcción se hicieron a dedo en violación del sistema jurídico vigente, su precio original se multiplicó de USD 40.000.0000 a USD 120.000.000, y pese a todo ello un fiscal ordenó finalmente el archivo de la respectiva investigación…

Además reza la prensa de la época la decisión sobre “el Arena” tomada en el anterior gobierno del Frente Amplio se hizo contrariando la voluntad del Presidente Vázquez, que -con recursos apretados- prefería realizar esta inversión en represa Casupá antes que en un circo. La represa fue a un cajón. Durante el gobierno presidido por Lacalle Pou se desarrolló otro proyecto -Arazatí- sustitutivo del citado, que iba a operar con aguas del Río de la Plata. Está terminada su gestión administrativa, y listo para empezar las obras, teniendo sostén técnico y consideración favorable incluso de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Ahora toda va a fojas cero por años. Desde el sentido común, cabe preguntar: ¿ante los problemas del agua conocidos del Santa Lucía y basado en informes técnicos relevantes, no era sensato poner los huevos en la canasta del Río de la Plata (Arazati)?

Otro Tema. Los sindicatos del Estado -COFE- han venido pidiendo incrementos salariales en el proyecto de presupuesto nacional en elaboración. Reclaman ganancia para el poder adquisitivo de los sueldos. Vinculado todo ello, a raras matemáticas atadas al crecimiento del producto bruto interno (nada obviamente de racionalizar al Estado). Estos salarios son parte del gasto público. Y, suman a la monumental asistencia a la seguridad social, y el pago de los compromisos de la deuda externa, que se hace con los impuestos nacionales (IVA, IRPF, Primaria, Patrimonio, etc.). Desde 1990 (Lacalle Herrera) se trató de ir a una disminución de la plantilla general de empleados del Estado incluyendo empresas públicas e intendencias, sobre la base de no proveer todas las vacantes que se iban produciendo. Se había llegado a una plantilla de 240.000 empleados. En 2005, con la bonanza internacional más grande que conoció Uruguay debida al precio y mercado ágil de materias primas, el Frente Amplio procedió a designar 60.000 empleados públicos más (40.000 durante el gobierno de Mujica). En costo conservador esta solución sumó a valores de hoy un gasto de USD 700 millones anuales más, tomando un costo de USD 1.000 mensuales por persona. Con la pandemia el asunto quedó congelado. Hoy tenemos más de 300.000 empleados públicos.

Hay muchos “No!” en el aire. No más quiebra de Ancap, Plunas, trenes de los pueblos libres, regasificadoras, Envidrios, y “velitas al socialismo” que se prenden rápido y son un agujero monstruoso para la economía y necesidades del pueblo uruguayo.