¡Otra vez a los cimientos!

El Poder Judicial volvió a vivir jornadas de crisis y perplejidad que no pueden cerrarse con una renuncia y dos traslados.

Hace dos semanas se supo que los funcionarios y los actuarios se movilizaban contra el director administrativo de los servicios de Justicia y contra sus dos colaboradores inmediatos, pidiendo que se los separase de sus cargos.

El desencadenante fue el deplora-ble suicidio de un funcionario que se sintió destratado y perseguido, y que por ese motivo terminó quitándose la vida.

En respuesta, la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Actuarios denunciaron formalmente insultos y malos tratos, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia y la revisión del trabajo en las computadoras de los funcionarios, que hicieron público que debían pedir permiso hasta para ir al baño.

La protesta fue acompañada por un paro de tal magnitud que la Suprema Corte tuvo que declarar inhábil la jornada del viernes pasado, 1º de diciembre.

El lunes la Asociación de Magistrados del Uruguay adhirió al conflicto con un comunicado en que hizo ver “la crisis institucional que se encuentra atravesando el Poder Judicial a raíz de los lamentables y repudiables hechos de violencia y acoso laboral denunciados”. Al mismo tiempo señaló que la confianza no admite medias tintas, por lo cual, siendo la Dirección General de los Servicios Administrativos un “cargo de particular confianza de la Corporación toda”, “si uno de sus integrantes pierde esa confianza, la única decisión admisible es su remoción”.

En esa misma tarde el ingeniero informático Marcelo Pesce renunció a la Dirección Administrativa y enseguida sus dos inmediatos fueron trasladados, lo cual descomprimió la tensión. Eso sí: según las reglas del Estado de Derecho, el caso no queda cerrado ya que nada puede detener la indagación decretada y nada puede impedir que ella siga hasta sus últimas consecuencias.

Y eso debe interesarnos a todos como ciudadanos, porque el asunto no fue una batahola menor contra un triunvirato antipático sino la expresión mayor de un duelo sentido en los huesos a partir de persecuciones y acosos cuya entidad habrá que precisar pero cuya sola mención e imputación debe estremecernos.

Por eso, no es asunto de un gremio o un servicio: es un tema en que entra en juego el modo de relacionarse en un Poder del Estado cuya estructura debe ser intangible y ejemplar, porque la Justicia es, y debe ser, la mejor y más alta de las garantías para todos.

En definitiva, esto que ocurrió en el esqueleto administrativo del Poder Judicial es una muestra más de que nuestras crisis se inscriben en una decadencia cultural, a la cual no es ajena la despersonalización de las oficinas y la imposibilidad de dialogar con jueces y actuarios. A ello se suma el conjunto de destratos que se nos infieren a todos al colocar protocolos informáticos por sobre las espontaneidades de los sentimientos humanos, que deben ser muy exigentes pero también muy cálidos.

Ojalá el episodio no se disuelva en el olvido y, en cambio, provoque una profunda reflexión personal y ciudadana sobre todo lo que hemos perdido en valores humanos y cuánto debemos regresar a los cimientos para ser el pueblo respetuoso y culto que seguimos llamados a ser.