Otra marcha atrás

Como sucedió tantas otras veces con este gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) retrocedió sobre una interesante medida dispuesta por su antecesor y que ya estaba en funcionamiento. Una y otra vez el gobierno demuestra que es más fácil desarmar lo que otros hicieron, que armar lo propio.

El ministro José Carlos Mahia dejó sin efecto el “examen Docente Acreditado”, por el cual quienes lo aprobaban sumaban a sus carreras de formación docente el equivalente a un grado de licenciatura. El mecanismo se aprobó con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y se reafirmó con el referéndum.

La medida sorteaba un problema que afectaba a muchos docentes egresados de los institutos de formación de la ANEP, por el cual tras completar cuatro años de cursos, les faltaba un remate para alcanzar el equivalente a un grado universitario.

El título de profesor de secundaria o de maestra de Primaria habilita a dar clases, pero en caso de que querer perfeccionarse con posgrados acá o en el exterior aparecen los escollos, en la medida que el título no equivale a una licenciatura. Por eso muchos egresados de Magisterio y del IPA hace años reclaman una solución.

Al anunciar que el mecanismo no continuaría, el ministro le dijo a El País que ya antes de asumir había dicho que dejaría de dar “títulos universitarios sin rigurosidad académica”. De todos modos, quienes ya obtuvieron el grado no lo perderán. La prioridad para Mahía es crear una Universidad de la Educación, que aún está en la etapa de proyecto de ley y todavía debe ser debatida y aprobada por el Parlamento para que recién después se ponga en marcha.

El gobierno bien pudo mantener las pruebas de acreditación por unos años más hasta que la tan mentada universidad, en caso de aprobarse, se pusiera en marcha.

Lo de la escasa rigurosidad académica es discutible. Se trata de una prueba compleja, pensada para cerrar un ciclo. Se supone que quienes se presentan vienen con una sólida formación y con esa prueba rematan un ciclo.

La inscripción para estos dos períodos no fue masiva pero sí significativa. En cada una de las dos oportunidades se anotaron entre 3.500 y 3.700 aspirantes y aprobaron cerca de 2.200 cada vez.

Que un poco más del 60% de quienes se presentaron lo haya aprobado es un resultado aceptable y a la vez demuestra que no son pruebas fáciles de sortear. Hay rigor, son exigentes y algunos no llegaron al nivel requerido.

A la manía de desarmar lo bueno hecho por el anterior gobierno, se suma la obsesión en fundar una Universidad de la Educación, idea poco clara y sí cuestionada.

Hace semanas fue destituido el director del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), Claudio Rama, supuestamente por abuso laboral, aunque todo indica que el motivo detrás del motivo fue su oposición a esa Universidad. Rama tenía su propia hipótesis, obviamente tan opinable como cualquier otra, pero eso no lo hacía blanco de una persecución hostil, más cuando accedió a su cargo por concurso.

La pregunta a hacerse es porqué crear una universidad, con todo lo que eso implica, para cubrir una sola disciplina. Va contra el concepto amplio, abierto y universal de lo qué es una universidad. Hay soluciones más simples que deberían explorarse antes. Claudio Rama pretendía que el instituto que dirigía (por algo llamado de “Perfeccionamiento y Estudios Superiores”) organizara posgrados. El exministro Da Silveira quería allanar el camino con el examen de Docente Acreditado. Cualquier universidad, y en especial la de la República, puede acordar con la Anep, para crear una facultad de educación.

Lo que sí se ve es un desprecio a la posibilidad de aspirar a más. El director nacional de Educación, el historiador Gabriel Quirici, señaló que solo se trata de una prueba para alguien que ya es docente: “no se da el título dos veces”.

Nunca se trató de repetir un título, sino de agregar un plus para que el maestro o profesor logren una licenciatura. No es más que eso, pero vaya si importa.

También despreció la cantidad de profesores y maestras que tomaron la prueba. “No llega al 7 por ciento del total”. Que en dos años el 7 por ciento del cuerpo docente se haya acreditado habla de una cifra nada despreciable.

Cada uno conoce sus prioridades y sus tiempos. Quien hoy tiene demasiados compromisos para abordar el desafío, quizás espere para más adelante. De haberse continuado, a 2.300 candidatos por año, ese porcentaje hubiera aumentado.

Discontinuar la experiencia es cerrar una puerta. Cada quien tendrá su opinión sobre la manera de darle nivel universitario a la formación de docentes. Pero mientras se discute y se concreta algo, el tiempo va pasando.

Eso lo tuvo claro, el ministro anterior y por eso ofreció un instrumento que, opinable como todo lo es, ofrecía una salida interesante para profesores y maestras. Muchos la tomaron, otros esperaron su momento. Pero alguien dio una respuesta posible a un reclamo que no era atendido.