Necesitamos alcanzar un cambio transformador profundo en la gestión de los océanos -entre todas las naciones- para abandonar el atropello y la sobreexplotación destructiva creciente vigente en la actualidad, y así encaminar su administración conjunta a paso firme hacia la conservación y sustentabilidad.
No se trata de un capricho de algunos sino del camino correcto para demostrar en los hechos que somos conscientes de que los mares y océanos, además de ser un bien común mundial, resultan esenciales para la salud planetaria y por ello para el bienestar de la humanidad.
Luego de la 3ª Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos realizada en Niza, Francia, algunos pasos se dieron en la dirección correcta.
170 países apoyaron el llamamiento a proteger los océanos. Parece algo básico pero es un punto de partida importante para que las voluntades de las naciones se vayan alineando detrás de objetivos más específicos con ese norte. Como sucede siempre en el terreno de la multilateralidad, los intereses priman y hacen del camino hacia los acuerdos, un terreno pedregoso y puntiagudo. Lo que necesitamos es no ignorar las advertencias del conocimiento que aporte el mundo científico, y tomar lo antes posible medidas importantes, antes de que el daño sea mucho mayor.
La Comisión Europea se comprometió a invertir 1.000 millones de euros para apoyar la conservación de los océanos, la ciencia y la pesca sostenible. Por su parte la Polinesia Francesa anunció la creación de la mayor área marina protegida del mundo (5 millones de km2). Alemania lanzó un programa de 100 millones de euros para retirar municiones submarinas de los mares Báltico y del Norte. Nueva Zelandia destinará 52 millones de dólares para fortalecer la gobernanza oceánica en el Pacífico. España sumará cinco áreas marinas protegidas.
Lo que fracasó durante la cumbre fue alcanzar las 60 adhesiones y ratificaciones necesarias para que entre en vigencia el Acuerdo Derecho del Mar sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y uso sostenible fuera de la jurisdicción nacional, también conocido como Tratado Global de los Océanos o de Alta Mar (BBNJ). Fue propuesto en 19/6/2023 y firmado por 139 países, pero ratificado hasta ahora por 51 habilitados. De Sudamérica solo lo ha hecho Chile. Uruguay firmó en enero de 2024 pero aún no lo ratificó por ley. Por su parte países que provocan alto impacto de explotación en los océanos como China y Rusia ni siquiera firmaron estar de acuerdo con la idea.
El tratado pretende lograr un acuerdo global de conductas cuidadosas a asumir en las aguas internacionales. Pretende proteger los recursos genéticos marinos, mejorar la gestión de áreas marinas protegidas, llevar un monitoreo lo más preciso posible evaluador del impacto ambiental ocasionado, así como la creación de capacidades de las tecnologías marina aplicadas. También incluye el tema siempre esencial de los mecanismos de financiación para lograrlo.
Otros tres asuntos urgentes que siguen pendientes son: conseguir una moratoria de la minería profunda, la detención de la pesca de arrastre; ambas muy destructivas, y combatir decididamente la contaminación con plásticos.