No puede fallar

La oposición está en calma, quien se agita es el oficialismo. Esto de que el ejército participe en operativos de vigilancia en barrios donde el narcotráfico metió una peligrosa cuña, es algo que la militancia no acata así no más.

La decisión exige considerar muchas sutilezas, no todas sencillas. Pero es cierto que aún con dudas y sabiendo que es necesario tomar recaudos, la oposición es más proclive a entender por qué el presidente toma una medida tan jugada, mientras que son sus propios correligionarios los que se escandalizan. Habría que ver si es legal que el Ejército puede participar en operativos para los que no está programado. Si bien todo se refiere a la seguridad, los cometidos de la Policía son unos, mientras que los de las Fuerzas Armadas son otros. En consecuencia, también su manera de operar, sus potestades específicas, el uso de sus armas y sus límites son distintos.

La Policía tiene la tarea de reprimir el crimen y la delincuencia, ¿pero qué pasa cuando esta otra fuerza, con una función diferente, entra en ese terreno? Muchos expertos se hacen esa pregunta, aunque no es en esas líneas que dirigentes y militantes frentistas están pensando.

Para ellos, es volver al pasado y remontarse medio siglo atrás cuando las Fuerzas Armadas se involucraron en la guerra contra la guerrilla. Una intervención que se sumó a un convulsionado clima político de extrema volatilidad. No es este el caso. Acá está en juego la presencia de narcobandas en barrios vulnerables. El Estado necesita una reforzada fuerza para imponer su presencia. No hay un conflicto político sino una creciente criminalidad que amenaza a varios vecindarios.

Por eso, la solución propuesta no es un despliegue militar con todo su poderío sino un refuerzo a la labor policial, subordinada a lo que la Policía pida. Y esto ocurre porque el Ejército cuenta con los vehículos blindados, que la Policía no dispone. Los soldados manejan, los policías actúan. O al menos así estaría planteado, aunque siempre se corre el peligro de una situación que se desmadre y el militar en el blindado esté obligado a actuar.

Más allá de la discusión legal que determina si un ejército, creado para la defensa de las fronteras y enfrentar enemigos externos, está legalmente habilitado para reprimir criminalidad interna y adecuadamente formado para la represión de la delincuencia, la medida anunciada presenta cierto apresuramiento e improvisación. Se ha dicho que los blindados fueron donados por Estados Unidos para ser usados en las operaciones de “cascos azules” y necesitaría un visto bueno especial para derivarlos a otro uso. Aunque también es verdad que mucho material bélico que vino por esa vía, una vez usado en esas misiones, luego se incorpora al equipamiento militar del propio país.

Cuando hablo de improvisación me refiero a que hace al menos dos décadas que lo de las narcobandas se convirtió en una amenaza y en la medida que no fueron debidamente enfrentadas, no han hecho más que crecer en poderío y violencia. Esto obligaría al Ministerio del Interior y a la Policía a repensar toda su estrategia, su manera de funcionar, los equipos que necesita, el armamento a desplegar. O sea, restudiar el presupuesto para enfrentar esta situación.

La solución no es pedir prestado blindados a un cuerpo de seguridad que funciona bajo otro ministerio, sino que la Policía tenga los suyos propios y esto debió ser previsto en su momento.

Por más que la gravedad de la realidad la imponga, la decisión de Orsi muestra que se trata de una solución tomada de urgencia porque no había otra. Urgencia determinada por dos razones. La primera, porque lo que se vive en algunos barrios es insostenible y debe ser liquidado cuanto antes. La segunda, porque tal como lo muestran las encuestas, la inoperancia de este gobierno en muchos asuntos llevó a que ya no tenga apoyo popular y por lo tanto para recuperar terreno hay que “mostrar” que algo se está haciendo. Eso suele llevar a apresuramientos planteados con necesario tono dramático para que la población reaccione. La población reaccionará sin duda, y le dará su aval al gobierno. Los agresivos blindados verdes conducidos por soldados que también visten uniforme militar y no policial, impondrán respeto, casi diría temor.

Si el gobierno cree que esta es la solución, es a su propia militancia a quien debe convencer. Para ello deberá despejar todas las dudas legales y de método que por ahora cuestionan la propuesta. Y en eso deberá ser extremadamente claro.

Por último, el operativo debe ser planificado con precisión y minucia. Cuando se recurre a instrumentos extremos, y este lo es, no se puede fracasar. La operación está obligada a mostrar resultados que demuestren que valió la pena dar ese paso. Y eso solo se logra si todo fue bien pensado, si las contingencias que surjan fueron previstas, si se actuó con la profesionalidad y el rigor imprescindibles a desplegar en estos casos. En otras palabras, esto no puede fallar.