El COVID-19 vino en un mal momento de nuestra economía. Los indicadores relevantes tienen un nivel alto (déficit fiscal, inflación, desempleo, baja de actividad, informalidad).

El gobierno se vio obligado a reorientar el foco, y adoptar medidas urgentes (sanitarias, seguridad social, ayuda a los más vulnerables, etc.).

Activó un plan para atender la acuciante emergencia social. Se ejecutó en 3 fases. Primera: duplicó por única vez el monto de la Tarjeta Uruguay Social, y dispuso una canasta de alimentos por 2 meses a los hogares con Asignaciones Familiares Plan de Equidad. Esta misma prestación se extendió a los trabajadores independientes que estaban en la informalidad. Segunda: acordó un subsidio por 2 meses a los monotributistas Mides. A los monotributistas comunes, titulares de empresas unipersonales y a los integrantes de sociedades de hasta dos personas, se les ofreció un préstamo a devolver en dos años. Tercera: resolvió la distribución de canastas de alimentos y un bono para adquirirlos. Se está evaluando seguir con estas ayudas. En mayo podría activarse una fase 4, si lo sanitario no se revierte.

Pospandemia y con el mapa a la vista, sugiero diseñar un plan para el sector informal, que lo regule en una ley. El objetivo sería incorporar a estas personas en forma paulatina en la seguridad social, con aportes de bajo monto, con algún subsidio temporal. Se debería hacer realidad la universalización de la protección social. Una vez aprobada la ley, sería adecuado realizar una campaña de bien público, para generar conciencia colectiva de que estar inscripto en la seguridad social es la mejor forma de protegerse en situaciones de pérdida del ingreso. La solidaridad que hoy tiene la sociedad para con ellos debería motivarlos.

Los trabajadores dependientes continuaron protegidos. Respecto del seguro de paro, había que hacer ajustes para cubrir a los trabajadores mensuales. No tenían subsidio parcial por haber percibido ingresos en el mes de marzo. Se creó un subsidio especial con vigencia hasta el 17/4. Garantizaba la percepción de un ingreso, que cubría la pérdida de una porción del mismo, por trabajo reducido en el mes (menos días u horas).

Este régimen se prorrogó hasta el 31/5. A partir del 1/4, el subsidio mensual en ningún caso será inferior al 75% de las remuneraciones promedio mensual, percibidas en los últimos seis meses. A este monto resultante, se le descontarán los salarios nominales percibidos por el trabajador en el mes en que se operó la reducción. Para calificar es necesario que la reducción sea de un mínimo de 6 días y un máximo de 19 días en el mes o se reduzcan las horas de trabajo en un 50% como mínimo. Esta prestación tiene un tope mensual de $ 44.607. Se suma un suplemento del 20% del subsidio, según la situación familiar del afiliado.

El subsidio por enfermedad siguió amparando a los trabajadores que se hayan enfermado por el virus, y a aquellos que podían contraerlo, siempre que calificaran en las situaciones de riesgo previstas. Se dispuso que esta protección cubriera a los mayores de 65 años, que fueran dependientes o titulares de unipersonales, y no podían ejecutar el trabajo en su domicilio. Se les exhortó a quedarse allí, y por ello se les paga un subsidio por enfermedad por 30 días (70% de su remuneración mensual promedio, con un tope mensual de $ 44.607).

Respecto del personal dependiente de las instituciones de salud, que estén en contacto con enfermos portadores del virus o con los que tienen síntomas, si contrajeren la enfermedad, esta será considerada profesional. El Banco de Seguros abonará una renta temporal por hasta 45 días. Esto se extendió al personal de limpieza y seguridad que estén en esa situación. Los médicos no dependientes serán cubiertos por un subsidio temporal a cargo de la Caja Profesional, con financiación del Estado.

Este volumen creciente de prestaciones sociales y de seguridad social, más las sanitarias, necesitaban una financiación extra presupuesto. Por ello, se creó el Fondo Solidario COVID-19. Se nutre con un impuesto a los ingresos que reciben del Estado, varias categorías de funcionarios públicos de los Poderes del Estado y otros organismos, que superen los $ 120.000 nominales (también alcanza a las pasividades a partir de la misma suma). Es por un plazo de 2 meses, prorrogable por el mismo término. Además, el Fondo se integra con dineros provenientes de préstamos de organismos internacionales y multilaterales de crédito, de las utilidades del BROU y de la CND, y con donaciones de empresas y personas físicas.

En relaciones laborales, hubo dos buenas noticias. Primera: se retomó el diálogo tripartito entre el gobierno y los actores sociales. Se conversó con franqueza sobre las medidas ya tomadas, y el gobierno fue receptivo a los planteos que se le hicieron. Se destaca el acuerdo de postergar el inicio de las negociaciones en los Consejos de Salarios, que en su mayoría debían comenzar en julio.

Se acordó que este diálogo social con el gobierno fuera permanente. Debería ser un ámbito de acuerdos y contención de conflictos. Para levantar la producción y el empleo, se necesita tener pragmatismo y generar planes de acciones para ejecutarlas. Se tendría que procurar resolver los disensos con inteligencia, sentido común, y sin recurrir al conflicto abierto crónico que daña.

Segunda: la construcción vuelve al trabajo el 13 de abril. Se acordó un protocolo que pone el foco en lo sanitario. Esta industria moviliza 45.000 trabajadores y tiene un efecto dinamizador de otras actividades. Los otros sectores que están con baja actividad pondrán atención en cómo se desarrolla esta experiencia. A medida que en forma paulatina se levanten las restricciones de movilidad social, también se pondrán en movimiento cuidando la salud de quienes trabajan.