De un tiempo a esta parte el acontecer político de nuestro país se desarrolla en una secuencia de barullos y en un lenguaje de muchos adjetivos y signos de admiración. Todavía no se ha asentado la polvareda del barullo anterior (la camioneta) cuando detona otro.
El gobierno ha tomado la decisión de poner al servicio de la policía en su campaña contra los narcodelincuentes unos vehículos blindados que el Ejército Nacional había recibido como donación de Estados Unidos para las llamadas misiones de paz. Esa decisión ha dado lugar a discrepancias enfáticas (un barullo) y a una polémica que se ha centrado en lo accesorio.
No se puede hacer un escándalo por la cesión o préstamo de esos ve- hículos militares donados para otra finalidad (donación modal). Es un aspecto jurídico de fácil resolución. Tampoco es una novedad el uso de material o personal de las Fuerzas Armadas para tareas que no son de su competencia. Hace tiempo que se ha confiado a personal militar la custodia perimetral de las cárceles. No es correcto, no es deseable (sobretodo para el ejército) pero ahí está. No hablemos de la asistencia en todas las inundaciones y ciclones.
Tampoco es razonable -no tiene sustento fáctico- vincular esta decisión actual con un relato, muy simplificado y adjetivado, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro pasado reciente. Los alaridos que se han escuchado contra “sacar los milicos a la calle” son fallutos: resumir en esa frase el doloroso proceso que vivió el país es una estafa perpetrada por algunos que quieren asegurarse asilo en el lado de los buenos en un relato simplificado. Lamentablemente nuestro país cuenta con demasiados voluntarios activos en el laboratorio donde se retocan las fotos del pasado.
Lo que podría constituirse en terreno de debate serio es el señalamiento de la diferencia radical entre misión militar y misión policial. El policía ha sido entrenado y preparado para una misión que es prender al chorro, descubrir al autor de un crimen o disolver una piñata en la puerta del estadio. El militar ha sido preparado para matar.
Como decía más arriba la polémica sobre esta decisión del gobierno se ha ido por las ramas. Se convertiría en algo provechoso para la convivencia ciudadana si nos hiciera reflexionar sobre dos asuntos. Uno ya lo he mencionado: encarar la memoria y los relatos del pasado con un propósito de seguir investigando los porqués. Hay personas, grupos, ambientes que buscan intervenir sobre la memoria colectiva y el juicio sobre ese pasado con un afán de condenar más que de comprender.
Lo otro que hace pensar esta decisión del gobierno es que la amenaza del crimen organizado y la capacidad de fuego de las narcobandas es enorme y que, como se contabiliza todos los días en las cifras de asesinatos, van ganando la batalla. Hay un panorama, se ha instalado una realidad, que demanda otra cabeza para enfrentarla.
Las dirigencias políticas y los formadores de opinión tienen por delante la delicada tarea de evitar el pánico y las reacciones desatinadas, por un lado, pero por el otro, a la vez, advertir a la población que el asunto no es banal: gran parte del Uruguay todavía no ha caído en la cuenta.