Sergio Abreu
La Directiva europea sobre el retorno de los indocumentados y el "Pacto Europeo de Inmigración" presentado por Francia deben analizarse en el contexto de la globalización que hoy alcanza a todo el planeta.
La liberación comercial, la ampliación del espacio democrático y la innovación y la difusión tecnológica han alterado los padrones de productividad y competitividad de todos los países. De tal modo que los procesos migratorios son el resultado de una búsqueda de una mejor inserción de millones de personas que sufren los rezagos de su economía o la violencia y la confrontación en su propia sociedad.
Durante siglos, la economía y la política han sido las dos grandes variables que han impulsado las oleadas migratorias. La única diferencia, es que no todos los que han querido y quieren emigrar tienen iguales posibilidades. Unos, porque el destino que eligen los rechaza y otros, porque el Estado en que viven directamente no les permite abandonar su territorio.
Cada país y sus respectivos gobiernos son los primeros responsables de los procesos migratorios. Muchos, porque la intolerancia política no deja espacio a la libertad, y otros tantos, porque su economía, sus sistemas educativos y sus posibilidades de inserción externa están limitadas por gobiernos enfermos de una obsolescencia irrecuperable. Es más, cuando los que emigran son los más calificados el proceso adolece de una doble malignidad: el vaciamiento de los países frágiles y vulnerables y el aprovechamiento de los países ricos de los pocos ricos en intelectualidad de los países pobres.
La Unión Europea ha priorizado una nueva política migratoria en su entorno regional. La xenofobia (llamada algunas veces pérdida de identidad), el mercado laboral y un amplísimo temor a la "inseguridad", viven disimulados detrás de la retórica y de las decisiones de los gobiernos.
Lo cierto es que la libertad de circulación, la búsqueda de mejores horizontes y hasta la dignidad de la persona humana, comienzan a relativizarse desde las economías desarrolladas para evitar contaminaciones no deseadas.
La criminalización del migrante, la privación de libertad, la primacía de la autoridad administrativa en temas migratorios son un avance en la discrecionalidad de aquellos países y regiones que ya no sólo son proteccionistas en materia comercial, sino que ingresan en una discriminación rayana con las viejas selectividades racistas que tanto inundaron de odio y de violencia a la comunidad internacional.
Hace mucho que Europa dejó de creer en la suprema racionalidad de las abstracciones políticas tales como la "voluntad general" expresada por Rousseau. En su lugar, se ha transformado en un plebiscito ininterrumpido por posicionar su economía y sus nacionales en un proceso de aislamiento y egoísmo que nos reenvía a viejas redes de seguridad basadas en la segregación racial.
Las antiguas colonias africanas, los países islámicos y asiáticos y las economías de Latinoamérica, entre otras, no son más la fuente de extracción de riqueza para alimentar al "viejo mundo"; o al menos a la tradicional usanza. Por lo contrario, hoy, el emigrante es portador de inseguridad, enfermedad y conflicto.
Y bajo las nuevas reglas, solamente es aceptado cuando encuadra en el nuevo modelo de "darwinismo spenceriano" que impulsan los países desarrollados. Su natural consecuencia es la profundización de la brecha productiva, tecnológica y social que aparece como inexorable a nivel global.
El Uruguay es parte de este proceso con sus características especiales. En particular, en su histórica relación con países como Italia y España de los que se ha nutrido, no sólo para definir su estructura social, sino también, y fundamentalmente, para aliviar las crisis, las hambrunas y las guerras que los europeos impulsaron bajo sus propios juegos de poder.
En el último año, aproximadamente 20.000 personas se fueron del país; muchos de ellos a Europa, unos con documentos y otros sin documentos. Pero todos confiados en un principio de reciprocidad que la Unión Europea ha dejado por el camino, y en especial, España que ha desconocido el Tratado de 1870 y los lazos especiales que siempre nos han unido. De tal naturaleza, que cuando el gobierno socialista de Felipe González y de su Canciller Javier Solana le solicitó al Uruguay que extraditara a los terroristas de ETA, éste cumplió con su obligación y con el Derecho Internacional. ¡¡Y a qué costo!!
Claro está que la amnesia siempre auxilia a los que quieren olvidar.
Todos somos responsables. Unos más y otros menos. Nosotros por no poder brindar las oportunidades que permitan retener a nuestras familias; y los países desarrollados por seguir las recetas de los tecnócratas planificadores que concretan la dramática dualidad del mundo de hoy: la lógica de la globalización hiperplanetaria y competitiva; y la lógica de la exclusión de cientos de millones de seres humanos que han cometido el pecado de nacer en el Hemisferio postergado.