Qué consecuencias tuvo el triunfo del No en el referéndum? Hay una dimensión importante que refiere a la legitimidad de los 135 artículos puestos en cuestión.
Nuestra democracia representativa establece periódicas elecciones para definir representantes del pueblo que tienen la tarea de legislar en el Parlamento. La sabia composición de esas Cámaras es de representación proporcional integral: todo aquel que alcance un número tan bajo como un cercano al 1% del total de votos válidos, logrará hacer oír su voz política en Diputados.
En concreto, la mitad del total de los artículos de la ley de urgente consideración promulgada en 2020 fueron aprobados por unanimidad en ambas Cámaras: su respaldo fue pues enorme. Para el caso de los 135 artículos, la inmensa mayoría de ellos fueron votados por una amplia mayoría de Senadores (18 en 31) y de Diputados (56 en 99), que cumplieron así con su compromiso electoral de 2019. Pero a partir del pasado 27 de marzo, esos 135 artículos presentan, además, una particularidad: fueron ratificados, en votación específica, por el mismísimo pueblo soberano en voto libre y secreto.
La apuesta de la oposición izquierdista fue así tan fuerte como perdidosa. Porque si bien mostró que podía movilizar al 25% de la ciudadanía en una campaña de firmas y ganó luego en músculo militante para la campaña del referéndum, el resultado final es que aquellos 135 artículos, que son claves en tantas dimensiones de la vida social, institucional y económica del país, terminaron siendo votados no solamente por una amplia mayoría de representantes del pueblo, sino que, además, a través del instituto de democracia directa que se puso sobre la mesa, fueron legitimados por el actor más importante de la democracia: la soberanía popular.
En este contexto, la iniciativa post-referéndum que la senadora colorada Sanguinetti ha insinuado promover con el objetivo de intentar modificar uno de esos artículos que acaban de ser votados por el pueblo, resulta, francamente, tan descabellada como antirrepublicana.
Ciertamente, cada uno podrá tener una visión crítica o perfectible sobre tal o cual aspecto de lo definido en esos 135 artículos. Sin embargo, ese afán perfeccionista no debe nunca contrariar la esencia política común de los integrantes de la Coalición Republicana que es, justamente, su talante republicano: Vox Populi, Vox Dei.
Eso de que el pueblo decide, pero que luego un iluminado quiere enmendarle la plana, es propio de los Michelini con la ley de caducidad -ratificada popularmente en 1989 y en 2009-. Se trata de un reflejo leninista muy apreciado en el comité de base que, por ejemplo, ahora insiste en que se habilite el voto de los uruguayos radicados en el exterior aun cuando el pueblo votó negativamente esa propuesta en 2009.
Un republicano cabal es diferente. Sabe que ser representante del pueblo implica un compromiso con la palabra empeñada que, en este caso, acaba de defender decididamente al NO en el referéndum. Y sabe que acaba de hablar el pueblo y que su decisión debe respetarse radicalmente.
Los políticos de verdad saben bien lo difícil que es conquistar el voto popular. Por tanto, nadie en el oficialismo debe acompañar esta grosera y desubicada michelinada de Sanguinetti.