Marset: La historia que algunos prefieren no contar

La historia reciente del narcotráfico en Uruguay tiene hechos que conviene recordar para no repetir relatos falsos.
Sebastián Marset comenzó su carrera delictiva durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica. En ese período llegó a actuar como informante de la policía bajo la conducción de Mario Layera.

En 2013 Marset cayó preso por primera vez en el marco de la Operación Halcón por tráfico de drogas. Tenía tres causas penales, pero terminó cumpliendo pena solo por una. Cuando recuperó la libertad en 2018, la Justicia no advirtió que tenía otras dos condenas firmes pendientes y fue liberado antes de tiempo por un error de coordinación entre expedientes judiciales.

En 2018 fue detenido por un homicidio, pero quedó en libertad por falta de pruebas. Años después se supo que la carpeta fiscal del caso se perdió, y hoy la Fiscalía mantiene una investigación abierta sobre ese hecho. La fiscal que tenía ese expediente era Darvina Viera, quien en 2024 se sumó a la campaña electoral de Yamandú Orsi.

Tras recuperar la libertad en 2018, Marset se radicó en Paraguay. Fue allí donde comenzó el verdadero despegue de su carrera criminal.
No es un dato menor: varios de los principales delincuentes que hoy operan en Uruguay —los Suárez, los Fernández Albin y el propio Marset— se gestaron durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio.

También conviene aclarar otro punto repetido muchas veces de forma incorrecta.

Marset no fue liberado por un pasaporte uruguayo. Estuvo cuatro meses preso en Dubái por ingresar con un pasaporte paraguayo falso. La justicia de ese país no encontró mérito para procesarlo y dispuso su liberación. Tan es así que la expedición del pasaporte uruguayo ni siquiera fue mencionada en la sentencia dictada por la justicia emiratí.

Incluso el fiscal Ricardo Machado y el ex fiscal de Corte Jorge Díaz señalaron que el documento se ajustaba al decreto firmado en 2013 por José Mujica.

Un cambio importante ocurrió cuando, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se realizaron gestiones para que la Drug Enforcement Administration (DEA) regresara a Uruguay. La agencia se había retirado en 2019 por falta de cooperación del gobierno de izquierda.

Ese regreso fue clave: permitió que la DEA comenzara a poner el foco sobre Marset, a quien hasta entonces ni siquiera tenía en el radar.

En paralelo, Uruguay impulsó gestiones con el United States Department of State para abrir un expediente contra Marset y su organización. Un rol destacado en ese proceso lo tuvo la ex embajadora estadounidense Heide Fulton. Ese trabajo conjunto derivó en la publicación de una recompensa internacional por información que permitiera capturarlo.

En 2024, con la DEA nuevamente operando en Uruguay y la recompensa vigente, se logró la detención en España de la esposa de Marset, Gianina García Troche, a partir de información proporcionada por autoridades uruguayas.

Ese mismo año se concretaron tres grandes incautaciones de droga vinculadas a estas redes criminales:
• Operación FARO (20/09/2024): 692 kilos de cocaína incautados en Ciudad del Plata.
• Operación LIBIA (02/11/2024): 918 kilos de cocaína también en Ciudad del Plata.
• Operación ÁGUILA MARINA – PENELOPE (15/11/2024): 1.100 kilos de pasta base en San Luis.

En una de esas operaciones cayó Diego Fernando Fernández Albín, hermano de Luis Fernández Albín, quien ya se encontraba preso. 

Paralelamente, en 2023 la Dirección General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y la Fiscalía habían iniciado dos investigaciones por lavado de activos: una contra el “Beto” Suárez y otra contra Luis Fernández Albin.

La investigación contra Suárez comenzó con la captura de su hermana, conocida como “Loly”, en 2024 y culminó con la detención del propio Suárez en 2025.

La causa contra Fernández Albin permitió además su recaptura en noviembre de 2025, luego de haber salido en libertad en marzo de ese mismo año.

Todas estas gestiones internacionales, investigaciones financieras y grandes incautaciones —iniciadas durante el gobierno anterior— fueron cercando y aislando cada vez más a Marset.

Solo faltaba que cometiera un error.  

Y ese error llegó cuando decidió publicar un video con amenazas que terminó exponiéndolo aún más ante la comunidad internacional.
Pero mientras esas investigaciones avanzaban y el cerco sobre estas organizaciones se estrechaba, el contexto internacional también empezó a cambiar.

En ese marco de reconfiguración, Uruguay enfrenta nuevos desafíos, pero todo indica que las actuales autoridades del Ministerio del Interior todavía no entendieron lo que está pasando.

Hoy Uruguay está fuera del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación para enfrentar al crimen organizado transnacional. Integra el club de los excluidos junto con Colombia, México y Brasil, que casualmente son los tres países en donde operan los carteles más importantes y violentos de América.

Pero, además, Uruguay tampoco participó de la última reunión de Ameripol, la red de cooperación policial de América. Y esto es lo más llamativo: Colombia y Brasil sí participaron de Ameripol, lo que demuestra que el problema no es ideológico.

El problema es la incapacidad política del Ministerio del Interior para posicionar a Uruguay donde debe estar.

A esto se suma otro factor: la posibilidad de que Estados Unidos declare organizaciones terroristas al Primer Comando Capital y al Comando Vermelho.

Si eso ocurre, se habilitarían herramientas mucho más duras, como el congelamiento de millones de dólares vinculados al lavado de activos.
En ese escenario, es natural que estas organizaciones busquen refugio físico y financiero en países menos integrados a los sistemas de cooperación internacional.

Por eso, integrar iniciativas como el Escudo de las Américas no es un tema ideológico. Es inteligencia estratégica básica para la seguridad del país. No entenderlo no es una diferencia de opinión: es un error que Uruguay puede pagar caro.